El Estado de derecho es un principio fundamental que implica que todas las personas e instituciones están sometidas a la ley, sin excepción, garantizando la igualdad ante ella, la separación de poderes, la protección de derechos fundamentales y la independencia judicial.

La Constitución Política del Perú de 1993 consagra este principio en diversos artículos, estableciendo la supremacía constitucional, la limitación del poder Estatal y la responsabilidad de quienes lo ejercen. Asimismo, el ordenamiento jurídico contempla figuras como el prevaricato y la responsabilidad civil de jueces y fiscales, destinadas a sancionar el ejercicio indebido de la función jurisdiccional.

No obstante, se plantean cuestionamientos sobre la efectiva aplicación de estas normas en la práctica. En particular, se observa la ausencia de sanciones penales y civiles contra magistrados en casos de presuntas infracciones, así como demoras significativas en la resolución de procesos vinculados a corrupción de gran escala.

En relación con el caso Odebrecht, se mencionan presuntos actos de corrupción que involucrarían a diversas autoridades y funcionarios, así como la falta de sentencias definitivas en un gran número de procesos tras varios años de investigación.

Se plantea también la magnitud económica del caso, cuestionando los montos recuperados frente a las cifras estimadas del perjuicio, y sugiriendo posibles irregularidades en acuerdos y sanciones.

Adicionalmente, se formulan críticas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto a su actuación en los procesos electorales, señalando presuntas irregularidades, falta de transparencia y cuestionamientos al cumplimiento de decisiones judiciales.

Sin embargo, tenemos a los Vela, a los Pérez, a los Chavez Tamariz y a los Corvetto, entre otros, a quienes la JNJ hace tiempo debería haberlos, sancionado.

En este contexto, se sostiene que existiría una brecha entre el marco normativo del Estado de derecho y su aplicación efectiva, lo que genera preocupación sobre la solidez del Sistema jurídico e institucional en el Perú.

Conclusión

En conclusión, según la postura expuesta, en el Perú no existiría actualmente un verdadero Estado de derecho.

¡Estamos advertidos!

¡Fraude electoral nunca más en el Perú!

(*) Teniente General FAP en retiro