¡Actualmente! Obviamente, por un gobierno cívico militar que tome las decisiones alturadas y firmes que necesita el Perú para salvar las libertades y la poca democracia que queda aun, aplicando lo que ordena la constitución vigente y las leyes. Pacificando primero el país con la eliminación progresiva de la Inseguridad Ciudadana en todo sentido, extorsión, sicariato, secuestro, asalto, robo al paso, asesinato y con un planeamiento iterativo en el tiempo para controlar y eliminar la inmigración ilegal, el terrorismo, narcotráfico y la minería ilegal entre otros delitos, para lo cual es necesario que se haga una ¡Reingeniería del poder judicial urgente!
No se puede permitir ya la pérdida de vidas que suceden a diario sin contemplación alguna, las mismas que van en aumento con una delincuencia desbordada, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial se dedican a emitir comunicados que no tienen efecto alguno frente al crimen organizado que sucede cotidianamente, evadiendo así su responsabilidad en la crisis de inseguridad que vive el país. En el Perú todas las leyes se deben de cumplir imparcialmente y aplicarse como están estipuladas, sin embargo el ministerio público ha decidido no acatar la ley vigente que le devuelve las facultades investigadoras a la PNP sin haber recibido alguna sentencia contraria del Tribunal Constitucional.
El Congreso de la Republica, en cumplimiento al Artículo 157 de la Constitución, hizo remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial está subordinado a la Carta Magna, por tanto, impedido de inaplicar una Norma Constitucional, pues de hacerlo incurre en Infracción Constitucional, usurpando de esta manera la Constitución Política del Perú que es un inaceptable delito, amparándose ilegalmente en su autonomía e independencia que posee, pero que no les autoriza para estos legicidios. No acatar las leyes ni disposiciones que emite el Poder Legislativo que es el Congreso, no tiene sustento ni explicación alguna por parte del Poder Judicial.
Con esta actitud del Poder Judicial no se soluciona nada, por el contrario se pierde el tiempo y va en desmedro de querer eliminar la Inseguridad Ciudadana. Pareciera que fuera una actitud netamente comunista y caviar para que los jueces y fiscales no pierdan sus facultades y puedan estar a favor de los criminales de todo riesgo para poder soltarlos y liberarlos de los crímenes que cometen una y otra vez, burlándose de la justicia y de nuestra abnegada Policía Nacional que los captura con el denodado esfuerzo que despliegan diariamente, aun con la pérdida de su sagrada vida.
Volvemos a insistir entonces, decretar los famosos estados de emergencia, que verdaderamente no sirven para nada si no se utilizan las armas que la constitución confiere a las fuerzas del orden para defender los derechos del pueblo y se hagan respetar las leyes que regulan la convivencia de la nación, nunca será una solución viable para eliminar la inseguridad ciudadana y peor aun si no se hace, como ya se ha dicho, una reingeniería urgente al Poder Judicial en el Perú.
¡Por quién doblan las campanas entonces! La sociedad ya no aguanta más, las campanas suenan y suenan por la aplicación de la pena de muerte o por la intervención de las FFAA y PNP con una actitud firme y decidida como lo hicieron en la década del 90, producto de una real política de estado en función a la problemática de cada región. Ningún gobierno nuevo podrá efectuar el cambio general en todo sentido que necesita el país, si no se constituye ya ¡UN GOBIERNO CIVICO MILITAR! Estamos advertidos.
¡Comunismo y terrorismo nunca más en el Perú!
Teniente general FAP en retiro
