Tengo que poner el dedo en la llaga, donde duele. Hoy, en el Perú de 2026, la frase que corresponde es: “¿El Estado de los incompetentes o un Estado tarado?”. Ante la crisis energética y casi todos los demás males que nos agobian, el responsable principal es el propio Estado. Y casi nadie lo dice con la crudeza que se merece.
Si la compra y venta de combustibles estuvieran en manos privadas, sin precios oficiales ni monopolios disfrazados, todo sería distinto y mejor. Petroperú atraviesa una crisis estructural: cerró el 2025 con solo el 25 % del mercado de combustibles (frente al 36 % de 2021), pérdidas millonarias y una refinería de Talara que no logra operar a plena capacidad. La reciente rotura del ducto de Camisea dejó en evidencia la dependencia del país: el 80 % del GLP está en manos de un solo jugador privado, y el Estado, en vez de facilitar la competencia, se atrinchera en su rol “estratégico”, mientras los precios al público se disparan.
El Estado burocrático e indiferente fija precios, demora autorizaciones y, cuando hay oportunidad de bajar costos, se queda con la diferencia o la diluye en ineficiencias. Nadie puede explorar petróleo o gas sin su previa venia, y esa venia cuesta años, trámites, corrupción y, a veces, nunca llega. La autorización de permisos es asfixiante: se necesitan hasta 260 trámites para un proyecto minero; en hidrocarburos, la historia se repite. Un municipio o una entidad estatal te cobra derechos por años por una actividad que nunca ejerciste; cuando reclamas, te exigen pagar lo que nunca debiste. El Estado no te suelta cuando te muerde.
Hace poco tiempo se anunciaron indicios de enormes yacimientos de petróleo y gas en el zócalo continental, frente a los departamentos de La Libertad y Lambayeque (lotes Z-61, Z-62 y Z-63). Estudios sísmicos de la compañía Anadarko Petroleum Corporation y el interés de Chevron son prometedores. ¿Qué ha pasado? Nada concreto. Se requiere decreto supremo y aprobaciones interminables. Si la exploración y explotación fueran libres, ya habría empresas nacionales y extranjeras perforando. El Estado no solo no soluciona: agrava el problema, monopoliza la decisión y paraliza la iniciativa.
¿Y el Poder Judicial? Escandaloso: trampas impunes y corrupción que succiona fondos fiscales. Los jueces y fiscales son la expresión más pura del Estado cuando actúa por encima de la ley. No hay espacio para listar todos los campos donde el Estado es el problema: permisos para generar energía, transporte, clima de inversión. Los funcionarios públicos ganan, en promedio, entre 13 % y 27 % más que en cargos equivalentes del sector privado (según datos del MTPE y el BCRP a 2025). Es decir, los particulares financiamos a quienes nos dificultan producir las rentas que les pagan. Ironía brutal.
Hace treinta y cinco años, las reformas de Fujimori abrieron la minería a la inversión privada. El resultado fue el boom cuprífero y el crecimiento sostenido. En hidrocarburos, en cambio, el estatismo persiste. Petroperú se “fortalece” con decretos de urgencia que descartan la privatización, pero no resuelven la ineficiencia. El Estado no aprende: el problema no es la falta de recursos, sino la falta de libertad para que los privados los exploten.
Si queremos salir de esta trampa, hay que abrir de verdad el mercado de la minería, combustibles e hidrocarburos a la competencia. La crisis es oportunidad, como dicen los chinos. Pero, mientras el Estado siga gobernado por incompetentes elegidos por torpes, siendo “la tara” el problema, la oportunidad se nos escapará entre trámites y discursos, y seguiremos siendo el monumento a la “torpeza mental mayor” o “tara”, tal como nos registró y endilgó el gentilicio don Sofocleto en su libro Los cojudos.
Terrible historia. Pero incluso el absurdo, burdo y aberrante proceso electoral que tendremos este 12 de abril nos demuestra la “tara” de elegir a más de 7,200 candidatos de 36 agrupaciones políticas en una planilla única, concebida por una verdadera “manada de torpes”, para 27,325,432 electores habilitados, o inhabilitados mentalmente, según la crítica. De lo contrario, no tendríamos ni torpes ni tarados en nuestro Perú.
Sé que no les debe gustar el tenor de lo expuesto, pero, como advertí al principio, estoy poniendo el dedo en la llaga, donde nos duele tanta verdad. A ver si nos despercudimos de las taras y votamos razonadamente, y no cojudamente.
¡Estamos advertidos!
¡Fraude electoral nunca más en el Perú!
(*) Teniente General FAP en retiro
