Nuestra sociedad está enferma. No puede ser posible que los delincuentes comunistas, izquierdistas y sus seguidores sigan fingiendo que son demócratas. Esta calaña de enemigos del Perú debería estar proscrita. Tras setenta días de gobierno queda claro que el problema del Perú no es solo la delincuencia que asesina, extorsiona y secuestra, sino también instituciones que no responden, una política obstruccionista y una sociedad que repite errores electorales. El Ejecutivo ha tratado de actuar frente a una realidad urgente: inseguridad desbordada, criminalidad organizada, terrorismo urbano, cárceles sobrecargadas, fronteras vulnerables, riesgos climáticos y un Estado paquidérmico, corrupto e ineficiente que requiere reestructuración. Para abordar esto pidió al Congreso facultades legislativas que permitirían actuar con rapidez; sin embargo, durante dos meses la solicitud quedó paralizada en comisiones, dictámenes y discusiones parlamentarias.

La Comisión de Justicia llegó a declarar no viable la delegación. Solo tras dos meses la Comisión de Constitución aprobó una fórmula reducida (seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño por 90 días) y el Pleno comenzó a debatir recién el 6 de octubre y aún no han sido aprobadas. Nunca en la historia política del país un Congreso había negado tal porción de facultades (73%) a un nuevo gobierno; esta paralización plantea la pregunta de cuánto más puede esperar un país golpeado a diario por la criminalidad.

El Congreso tiene legítimamente la facultad de legislar y controlar políticamente, pero ejercerla no debería convertirse en una carrera de obstáculos cuando están en juego seguridad, vidas y prevención de emergencias.

Mientras el Legislativo traba al Ejecutivo, surge otro problema: el Poder Judicial.

La presidente del Poder Judicial rechazó públicamente declaraciones de la presidente del país sobre procesos contra militares y policías que combatieron el terrorismo, pidiéndole retractación. Esto abre una discusión vital: la independencia judicial no equivale a inmunidad frente a la crítica, menos cuando quien regenta la institución de Justicia no tiene ni publica los datos públicos que muestren cuántos juicios llevan más de dos décadas sin concluir.

La situación empeora con denuncias por procesos prolongados contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía implicados en la defensa contra el terrorismo. Existen numerosas quejas ante la Junta Nacional de Justicia por actuaciones politizadas, corruptas o contrarias a la ley, que siguen en curso.

Pero también hay que mirar las elecciones: en las Regionales y Municipales de 2026, 1.739 candidatos declararon sentencias condenatorias (corrupción, estafa, conducción en estado de ebriedad, tráfico de drogas, violencia familiar) y en las congresales, más de 297 sentenciados.

Esto plantea una pregunta crítica sobre la sociedad:

¿cómo es posible que personas con antecedentes vuelvan a pedir la confianza ciudadana y que una parte del electorado esté dispuesta a dársela, y peor aún, que las leyes y jurados permitan su participación en la función pública?

La enfermedad más profunda no es afirmar que la mayoría sea corrupta o delincuente; sería una generalización injusta e improductiva. La enfermedad real es la normalización de la mediocridad, el odio político, el enfrentamiento permanente, la impunidad, el oportunismo, la miseria moral y el uso del Estado para intereses particulares.

Un país no solo se destruye cuando los delincuentes disparan; también se aniquila cuando políticos convierten las crisis en batallas partidarias, cuando instituciones se enfrentan, cuando procesos judiciales se eternizan, cuando la autoridad pierde credibilidad, cuando ciudadanos no distinguen entre verdad y propaganda, cuando los medios prostituyen la información y cuando votar deja de ser un acto responsable para convertirse en resentimiento, fanatismo o conveniencia.

Por eso, el problema del Perú no se resuelve solo con más policías, militares, leyes o cárceles. Necesita una revolución moral de la ciudadanía: recuperar la verdad, la responsabilidad, la autoridad legítima, la justicia y el patriotismo democrático. Los congresistas, presidentes, gobernadores y alcaldes son elegidos por los ciudadanos; si la sociedad sigue eligiendo, tolerando o justificando la inmoralidad e indecencia que luego denuncia, debe mirarse al espejo.

El país no está condenado, pero tampoco será salvado por una sola persona, partido o gobierno. Puede sobrevivir a gobiernos o congresos malos y a instituciones deterioradas; lo difícil es sobrevivir cuando la sociedad se acostumbra a ellos y convive con la indigencia mental y la miseria humana.

La enseñanza final es clara: la verdad, la moralidad y la justicia deben imponerse por la razón o, si es necesario, por la fuerza legítima del Estado. El Perú necesita ya, autoridad, justicia, orden y paz para dejar de arrastrar sus propias miserias y comenzar a sanar como nación.

(*) Teniente General FAP