Todavía en el siglo 21 existen espacios donde la violencia se impone a la resolución pacífica de divergencias
Por: Cristián Faúndes
Un informe publicado esta semana da cuenta que el activismo ambiental cobró la vida de 196 personas el año pasado, a nivel mundial. Se trata de manifestantes que levantaron su voz en contra de proyectos mineros e integrantes de comunidades indígenas que han sido asaltados por el crimen organizado.
Lo que más llama la atención es que el 85% de las víctimas proviene de Latinoamérica. Según datos de la ONG Global Witness, la violencia en contra de quienes defienden la tierra y el ecosistema está focalizada en Brasil, Colombia, Honduras y México. Sobresale la situación colombiana que, con 79 muertos, representa el 40% de casos documentados el 2023, el total anual más alto registrado desde que la organización iniciara la recopilación el 2012. Es preocupante constatar también el sostenido incremento de casos que afectan particularmente a la región. Desde 108 el 2012 a 166 el año pasado. Según la organización, Perú registra 4 fallecidos en el último conteo y suma un total de 58 decesos desde 2012.
La información que ofrece el reporte amerita poner atención sobre una serie de factores en torno a la violencia que generan las disputas por el uso de la tierra. Tal vez el más importante es el espacio vacío, concepto de la geopolítica que ilustra la ausencia de un actor que regule las relaciones de poder y tenga la capacidad de imponerlas administrativamente. Se trata de una carencia que bien puede afectar vastos espacios físicos de Sudamérica y México. Vulnerabilidad que, según reflejan los datos, cada vez es más explotada por organizaciones criminales.
En vista de lo anterior destaca el problema de los países de la región para controlar sus extensos territorios. El avance de las tecnologías y disminución en el costo de empleo deberían hacer más accesible el ejercicio de la soberanía. Por otra parte, la presencia del estado es clave para imponer el imperio del derecho. Además, el despliegue de las instituciones en terreno facilita la integración social y económica de las comunidades tradicionalmente apartadas.
En esencia, la institucionalidad es clave en cuanto a la presencia y despliegue, pero también respecto del alcance normativo. Particular atención requiere el marco legal y su actualización para regular las actividades extractivas. Se trata de una materia sensible para proteger el medio ambiente, pero fundamentalmente luchar en contra del crimen y junto a ello, hacer justicia para los afectados. Uno de los problemas asociados a la explotación ilegal de tierras es la impunidad.
Es de esperar que los países de la región estén enfocados en proteger comunidades vulnerables cuya única alternativa a la muerte es la migración forzada. Lamentablemente, todavía en el siglo 21 existen espacios donde la violencia se impone a la resolución pacífica de divergencias. Un desafío común a varios países de la región, una cuestión de política.
