Jorge Baca escribe un post largo y esclarecedor. Se ocupa del sector forestal peruano, el que al transformar millones de hectáreas degradadas en una base productiva moderna, puede generar empleo formal y descentralizado y elevar de manera sostenida la productividad de los sectores más pobres.
Debido a las fallas de otros sectores, él dice que la búsqueda de un nuevo motor de crecimiento, capaz de generar empleo masivo, elevar la productividad laboral y reducir la informalidad se vuelve urgente.
Lo forestal es una industria con el potencial de transformar tanto los Andes como la Amazonía y convertirse en un eje estratégico de inclusión social, sostenibilidad ambiental y dinamización económica.
Baca desarrolla al detalle lo de Chile, el que con una superficie forestal mucho menor que la peruana, logró construir una industria moderna y competitiva gracias a una política pública decisiva: el Decreto Ley 701 de 1974. Esta norma, una de las más influyentes en la historia forestal latinoamericana, promovió la forestación y reforestación en suelos de aptitud preferentemente forestal, muchos de ellos degradados. El Estado chileno asumió entre el 75% y el 90% de los costos de plantación, desde la preparación del suelo hasta el mantenimiento inicial, reduciendo casi por completo el riesgo para los inversionistas.
Y desde 1970 la superficie forestal total chilena se ha mantenido prácticamente constante, pese al crecimiento explosivo de sus plantaciones comerciales. Este proceso no implicó una expansión sobre bosques nativos, sino una reconversión inteligente de suelos degradados, acompañada de políticas públicas consistentes, manejo silvicultural intensivo e integración industrial. Esto logro, generar empleo formal, exportaciones de alto valor agregado y desarrollo territorial sostenido.
El contraste con el Perú es contundente. En 1970, el país contaba con una de las mayores superficies de bosque tropical del mundo, superando los 80 millones de hectáreas. Sin embargo, lejos de consolidar esta ventaja natural como plataforma de desarrollo, la superficie forestal peruana ha seguido una tendencia descendente durante las últimas cinco décadas. La deforestación histórica, entre 80 y 120 mil hectáreas anuales en los años setenta y ochenta, acelerándose después del 2000, evidencia una pérdida constante de capital natural que no ha sido compensada por reforestación ni por el desarrollo de plantaciones comerciales a gran escala.
Buena parte explica por la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, especialmente en regiones como Madre de Dios, donde miles de hectáreas de selva han sido devastadas por actividades extractivas informales, altamente contaminantes y sin encadenamientos productivos sostenibles. A diferencia de Chile, en el Perú la Amazonía ha sido tratada como una frontera sin Estado efectivo, donde se dilapida un recurso estratégico sin generar desarrollo duradero, empleo formal ni ingresos fiscales significativos.
El país ha abandonado sistemáticamente el enorme potencial forestal de la sierra. Los Andes peruanos cuentan con millones de hectáreas de suelos de aptitud forestal degradados, ideales para plantaciones templadas, restauración ecológica y manejo hídrico. Sin embargo, la ausencia de un programa nacional de reforestación, la falta de incentivos económicos y la escasa articulación institucional han impedido que estas áreas se integren a una estrategia productiva.
Hay pues que tomar esta nota muy en serio.
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