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Domingo, Noviembre 29, 2020

Por: Edgar Alarcón / La agenda moralizadora del Congreso

Por: Edgar Alarcón Tejada / En los próximos días se evaluará en el seno de la comisión que investiga las órdenes de servicio realizadas en el Ministerio de Cultura, lo avanzado en dicho proceso investigatorio, próximos ya a cumplirse los 45 días que dio el Pleno del Congreso para tal fin.

Ha sido un plazo corto, pero que se ha sabido aprovechar con un trabajo intenso que contó con la valiosa colaboración de todos los congresistas que integran dicha comisión, sesionando hasta tres veces por semana en jornadas que muchas veces superaban las diez horas de ardua labor.

Sin embargo, el trabajo no concluye allí. Queda aún mucho por hacer. Por citar solo los temas pendientes heredados de la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior, podemos mencionar algunos casos que marcarán la agenda política en los próximos meses:

En primer término, la investigación con respecto a las presuntas irregularidades en el Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” y demás redes hospitalarias de EsSalud a nivel nacional, cometidas desde el año 2012 a la fecha.

En segundo lugar, las presuntas irregularidades en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

En tercer lugar, la venta de espacios públicos para el comercio informal en el distrito de La Victoria y el cobro de cupos, actos en los que estarían involucrados funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de La Victoria, altos oficiales de la PNP, miembros del Ministerio Público, entre otras instituciones.

En cuarto lugar, los hechos de la extraña muerte de Daniel Seiffert Humala, sobrino del ex Presidente Ollanta Humala Tasso, ocurrido el 30 de enero de 2016.

En quinto lugar, las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del señor abogado Francisco José Eguiguren Praeli por parte de la SUNAT.

En sexto lugar, las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales, administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional Chinchero.

En sétimo lugar, la extraña muerte del exempleado de la familia Humala-Heredia, el ex cabo EP Emerson Fasabi Moscobich, ocurrido el 21 de julio de 2015.

En octavo lugar, los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y de los convenios y contratos que se firmaron entre el SIS, MINSA, EsSalud y el Ministerio del Interior con entidades prestadoras de salud públicas y privadas.

Finalmente, las presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio CONIRSA en la construcción de los tramos II y III de la carretera interoceánica Sur, tema en el que estarían involucrados familiares del actual presidente de la República.

Como vemos, todos estos temas constituyen verdaderos casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción, que ponen a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República en la mira de todos aquellos que buscan impedir que las entidades fiscalizadoras del Estado cumplan su labor moralizadora.

Saque sus propias conclusiones, estimado lector.

(*) Congresista de la República

Por: Edgar Alarcón Tejada / En los próximos días se evaluará en el seno de la comisión que investiga las órdenes de servicio realizadas en el Ministerio de Cultura, lo avanzado en dicho proceso investigatorio, próximos ya a cumplirse los 45 días que dio el Pleno del Congreso para tal fin.

Ha sido un plazo corto, pero que se ha sabido aprovechar con un trabajo intenso que contó con la valiosa colaboración de todos los congresistas que integran dicha comisión, sesionando hasta tres veces por semana en jornadas que muchas veces superaban las diez horas de ardua labor.

Sin embargo, el trabajo no concluye allí. Queda aún mucho por hacer. Por citar solo los temas pendientes heredados de la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior, podemos mencionar algunos casos que marcarán la agenda política en los próximos meses:

En primer término, la investigación con respecto a las presuntas irregularidades en el Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” y demás redes hospitalarias de EsSalud a nivel nacional, cometidas desde el año 2012 a la fecha.

En segundo lugar, las presuntas irregularidades en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

En tercer lugar, la venta de espacios públicos para el comercio informal en el distrito de La Victoria y el cobro de cupos, actos en los que estarían involucrados funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de La Victoria, altos oficiales de la PNP, miembros del Ministerio Público, entre otras instituciones.

En cuarto lugar, los hechos de la extraña muerte de Daniel Seiffert Humala, sobrino del ex Presidente Ollanta Humala Tasso, ocurrido el 30 de enero de 2016.

En quinto lugar, las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del señor abogado Francisco José Eguiguren Praeli por parte de la SUNAT.

En sexto lugar, las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales, administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional Chinchero.

En sétimo lugar, la extraña muerte del exempleado de la familia Humala-Heredia, el ex cabo EP Emerson Fasabi Moscobich, ocurrido el 21 de julio de 2015.

En octavo lugar, los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y de los convenios y contratos que se firmaron entre el SIS, MINSA, EsSalud y el Ministerio del Interior con entidades prestadoras de salud públicas y privadas.

Finalmente, las presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio CONIRSA en la construcción de los tramos II y III de la carretera interoceánica Sur, tema en el que estarían involucrados familiares del actual presidente de la República.

Como vemos, todos estos temas constituyen verdaderos casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción, que ponen a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República en la mira de todos aquellos que buscan impedir que las entidades fiscalizadoras del Estado cumplan su labor moralizadora.

Saque sus propias conclusiones, estimado lector.

(*) Congresista de la República

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