Por: Edgar Alarcón Tejada / Independientemente de los conflictos cotidianos que dan contenido a la agenda política nacional y que forman parte del debate legislativo, así como de la labor de control político inherente al check and balance que posibilita el equilibrio de poderes en democracia, resulta de especial importancia mirar con detenimiento y profundidad el próximo proceso electoral que se avecina, de cara al fortalecimiento de la gobernabilidad y del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que nos rige.
Convocadas como están las Elecciones Generales del 2021, es necesario preguntarnos cómo será este singular proceso electoral en medio de la crisis sanitaria que parece no tener visos de solución en el mediano plazo.
Al respecto, conviene tener en cuenta que en Latinoamérica y El Caribe se habían previsto elecciones generales, subnacionales o plebiscitos para el 2020 en República Dominicana, Guyana, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, México, Chile, Perú y Paraguay.
De esos países, solo Perú, República Dominicana, Guyana y Costa Rica efectuaron tales procesos. Los otros 5 países, o los han reprogramado para los últimos meses del año o todavía evalúan (como México) una fecha cierta, ello en consideración a la pandemia del Covid-19.
En estas condiciones, las Elecciones Generales en el Perú previstas para el 2121 serán sui generis: la crisis sanitaria nos ha obligado a dar marcha atrás, anulándose las elecciones primarias; además, este próximo proceso electoral será en un contexto de campañas sin mítines ni actos públicos masivos; con predominio de publicidad y actos virtuales por internet y redes sociales, y con el agravante de que los principales medios de comunicación masiva escrita, radial y televisiva cuentan con contratos millonarios por parte del Poder Ejecutivo. Además, la principal empresa encuestadora nacional también tiene un contrato millonario celebrado con gobierno en ejercicio.
Así las cosas, sin manifestaciones públicas masivas que permitan a la población verificar por sí misma y de manera palmaria y elocuente la verdadera y mayoritaria voluntad ciudadana, y con un eventual sufragio electrónico incierto y sujeto a serias críticas a nivel mundial (veamos sino el caso venezolano), cabe preguntarse si no estamos tentando al diablo y abriendo las puertas para un nuevo tipo de manipulación de la opinión pública.
En efecto, por forzar el cumplimiento del calendario electoral en una situación sanitaria que no tiene visos de solución y que parece complicarse cada vez más, ¿no estamos acaso actuando irresponsablemente y exponiendo a una crisis institucional no solo a los organismos electorales, sino a nuestra democracia en su conjunto?
Durante las últimas elecciones presidenciales, un mínimo margen de 60 mil votos (equivalente a la capacidad del estadio nacional) marcó la diferencia entre el ganador y quien ocupó el segundo lugar. Sin embargo, la población legitimó los resultados porque cree en nuestro sistema electoral.
No dilapidemos esa confianza forzando un proceso electoral que puede llevarnos a una nueva crisis política que afecte aun más a nuestra ya alicaída economía.
Urge un debate en serio.
(*) Congresista de la República
