Por: Edgar Alarcón Tejada / Se atribuye a Oscar R. Benavides aquella frase que reza: “Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la Ley”.
El 26 de junio último, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hasta el 31 de julio próximo a consecuencia del Covid-19.
En resumen, el decreto prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el viernes 31 de julio, y cambia la cuarentena, de general a focalizada, empleando dos criterios: uno etario (menores de 14 años y mayores de 65) y otro territorial (en 7 , departamentos).
En la parte considerativa de la norma, abundan referencias a la Constitución, así como a diferentes artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Especialmente se menciona el artículo XII del Título Preliminar de dicha ley, recordando que ha previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad (…), empresa, comercio e industria (…), están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública.
Abundando en lo establecido en dicha ley, se aprecia que su artículo 82º señala que “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.
A propósito, la Ley Nº 28101, Ley de Movilización Nacional, establece que la captación de bienes y servicios para fines de la movilización nacional en situaciones de emergencia ocasionadas por conflictos o desastres, se realiza por transferencia, requisición, intervención y donación.
Sin embargo, en más de 100 días de la Emergencia Sanitaria Nacional declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, con 279 mil 419 casos y 9317 muertes registradas oficialmente al domingo 28 de junio, el Ejecutivo no ha cumplido con su deber de aplicar las leyes existentes para este tipo de circunstancias, interviniendo en las empresas que producen oxígeno, en las clínicas que tienen camas UCI y ventiladores para pacientes graves, así como en los laboratorios y redes de farmacias que producen o comercian medicamentos necesarios para atender esta
crisis sanitaria.
Resulta por demás extraño que, no obstante suspenderse la cuarentena general, se mantenga la Emergencia Sanitaria Nacional, posibilitando que, con ello, se exoneren de los procedimientos habituales de control gubernamental, establecidos por la OSCE, los millones de soles que gasta en Estado durante esta situación de emergencia, no obstante haberse detectado innumerables casos de corrupción llegando a niveles de verdadera pandemia de inmoralidad institucionalizada en todo el aparato estatal del país, todo ante la vista y paciencia del Poder Ejecutivo, que sólo ha reaccionado tardíamente y bajo presión del Congreso, de los medios de comunicación masiva y, fundamentalmente, de las redes sociales.
Todo evidencia que Martín Vizcarra parece volver a aplicar la vieja frase atribuida a Oscar R. Benavides, pero con nuevos matices adecuados a los tiempos del COVID19: “Para los empresarios, todo. Para los ciudadanos de a pie, la Ley”.
(*) Congresista de la República
