El expremier Guido Bellido cuestionó del proyecto de ley N°679/2021-PE de la masificación del gas, con el que se pretende incrementar las tarifas de electricidad. “Los proyectos de masificación de gas tienen que favorecer a la población usuaria. Si esto va a ser favorable a la población usuaria, perfecto, pero si hay algunos gastos que realmente no se justifiquen eso sería un punto a debatir y si se tiene que corregir se tendrá que corregir. El problema es eso, el Estado invierte en sistemas de transporte y sistemas de distribución, y cuando se entrega la operación de estas a las empresas transnacionales, ellas no asumen ningún costo, al final de cuenta el Estado lo termina asumiendo, y decir que el Estado asume es un poco abstracto, porque específicamente terminan asumiéndolo los usuarios”, señaló Bellido Ugarte.
Si bien en el dictamen del proyecto se menciona que el dinero para la masificación del gas saldrá de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), también en el propio dictamen se señala que “El recargo se aplica a todos los clientes de las empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos”. Es decir, el recargo termina siendo para las empresas eléctricas, y las empresas eléctricas lo que harán es subir la tarifa de electricidad para pagar ese recargo. Curiosamente con este proyecto de ley las empresas beneficiadas serían Cálidda, TGP y Pluspetrol, empresas extrajeras que están intentando acelerar la masificación del gas natural a nivel nacional.
Por su parte, el ingeniero Luis Espinoza, exviceministro de energía, quien es experto en regulación energética, comentó en una entrevista con Lima Gris, sobre el trabajo que viene haciendo la Comisión de Energía del Congreso sobre el tema de la masificación del gas. “Creo que ahí se tienen que focalizarse en lo importante, que es la masificación del gas. Porque la ley lo que ha querido hacer es la de ‘Robin Hood’, cargándole un impuesto a Lima para beneficiar a otros, porque el beneficio al cliente no existe, lo único que hay es darle un beneficio a la empresa que quiere hacer más negocio con otros clientes”.
Además, agregó: “El gran drama que hay acá es que el ministerio de Energía no se ha encargado de uniformizar los precios. Lo que se ha buscado es que cada concesión sea autosostenible, se pague a ellos mismos; por ejemplo, en Lima se sabe que es más barato porque tiene mucha densidad de clientes, pero el resto de ciudades tienen unas tarifas caras. Lo más sano sería subsidiar la inversión porque en las zonas más pobres es imposible que se paguen esas tarifas; pero lo que acá están pretendiendo es hacer un subsidio al precio de Lima para que la gente de provincias no pague los costos elevados”.
Hace unos días, el proyecto de ley N°679/2021-PE fue cuestionado por lo que esconde en el fondo —beneficiar a empresas extranjeras—, y ante las críticas retornó a la Comisión de Energía desde donde se pretendió llevarlo al pleno. Cuidado con la trampa. Lo vamos a repetir siempre, un proyecto de ley debe beneficiar a la población y no a un grupo de empresas extranjeras.
(*) Periodista y director de la revista Lima Gris
