En una publicación anterior advertimos que en el Congreso se pretendía aprobar el Proyecto de Ley N°679/2021-PE (masificación del gas), una propuesta que en realidad busca aumentar las tarifas eléctricas en todo el país. Un golpe al bolsillo que está a punto de ser aprobado en el Parlamento.
Recordemos que, debido a los cuestionamientos y denuncias, la Comisión de Energía acordó que el proyecto de ley retorne para mayor estudio, pero curiosamente durante esta semana los congresistas Carlos Enrique Alva Rojas, presidente de la Comisión de Energía (de la bancada de Los Niños), y Francis Paredes Castro, de la bancada Magisterial, vienen realizando extrañas movidas para que el proyecto de ley ingrese a la fuerza al Pleno del Congreso. ¿Qué intereses ocultos buscan que esto se apruebe al caballazo?
Es importante señalar, que en el dictamen del proyecto se está proponiendo que dicha compensación se aplicará a las industrias que utilizan los ductos de transporte de gas, siendo la industria que hoy genera la electricidad la primera afectada con esta medida, lo que desencadenará que este recargo finalmente impacte en todos los hogares con un alza en el recibo de la luz y, además, se genere un alza en todos los productos. Es decir, todos los peruanos seremos duramente afectados por este proyecto de ley.
El año pasado, el proyecto de la masificación del gas fue promovido por la expremier Mirtha Vásquez, luego de la salida de Guido Bellido de la PCM. El detalle es que este es un proyecto que tiene partida de nacimiento contaminada, que viene desde el gobierno de Ollanta Humala, donde se realizó una licitación irregular, donde la empresa colombiana Gases del Norte (Grupo Promigas) no fuera considerada apta.
Esto sería una repetición de lo que ocurrió con Odebrecht, cuando el gobierno de Ollanta Humala impulsó que el Congreso de ese entonces aprobara el cobro del concepto “Afianzamiento seguridad energética”. Esto había sido aprobado por congresistas que fueron parte de esa gran corrupción, cuyos líderes partidarios terminaron investigados en el caso Lava Jato.
A pesar que el Congreso se encuentra desacreditado, el legislativo no puede permitir que algunos parlamentarios ejerzan presión para saciar intereses de empresas extranjeras que desde la sombra vienen realizando un silencioso lobby que termina perjudicando a millones de familias peruanas.
Nuevamente lo repetimos, el Proyecto de Ley N°679/2021-PE debe ser revisado detenidamente y sin apuros. Porque un proyecto de ley debe terminar beneficiando al país y no a un pequeño grupo de empresas extranjeras.
(*) Periodista y director de la revista Lima Gris
