Por: Edwin Cavello Limas / El actual ministro de Educación, Martín Benavides, tiene mucho que explicar sobre el licenciamiento otorgado a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), pues cuando ocupó el cargo de superintendente de la SUNEDU, se licenció a siete sedes de la universidad UTP que recién se encontraban en proceso de construcción. ¿Acaso las reglas son distintas para la universidad que pertenece al grupo Intercorp?
El 7 de mayo de este año, el presidente Vizcarra, el primer Zeballos y el ministro de Educación Martín Benavides, remitieron al Congreso el Proyecto de Ley Nº 5145/2020-PE con el objetivo de que se prohíban crear nuevas universidades públicas y privadas.
El proyecto tiene un solo artículo en estos términos: “Establézcase la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del 2021”. Sin embargo, en el siguiente párrafo, contiene una propuesta contradictoria, pues de un lado se prohíbe la apertura de universidades, pero de inmediato se dice: “Las universidades licenciadas, públicas y privadas pueden crear filiales universitarias, cuyo funcionamiento es autorizado por Sunedu”.
Curiosamente este Proyecto de Ley en la coyuntura actual solo beneficia a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), que pertenece al grupo Intercorp, propietario de Interbank, que actualmente tiene el monopolio de las farmacias con las cadenas Inka Farma y Mi Farma y que ahora está incursionando en el mercado de la educación universitaria.
Es sorprendente que a esas sedes se les haya otorgado el licenciamiento cuando no contaban con algo básico que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco cuentan con otro requisito exigido por la SUNEDU: la licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.
Al ministro Benavides se le preguntó: ¿Por qué se le otorgó licencia a las sedes que no estaban terminadas? Y respondió asegurando que «estaban totalmente implementadas para sus primeros dos años, y el expediente de esa universidad (UTP) como de otras universidades que presentaron casos similares, claramente demuestra que tenían todo instalado para los primeros dos años de funcionamiento de la universidad». Lo que declara el ministro Benavides es falso, ya que SUNEDU licenció 7 sedes de la UTP en construcción. ¿Acaso el ministro Benavides no se dio cuenta de que el expediente no reflejaba la realidad?
¿De qué reforma universitaria nos quieren hablar? Pues de la que beneficia a un grupo económico y que prácticamente es patrocinado por el gobierno de Vizcarra. Si el Ejecutivo quiere hablar de reforma universitaria, entonces que comience a velar por la educación pública que es un derecho constitucional de miles de jóvenes en el Perú. Preguntemos al presidente Vizcarra y al ministro Benavides ¿Cómo promueve el desarrollo científico y tecnológico del país? ¿Cerrando universidades públicas, dejando a miles de jóvenes en el aire, porque muchos de esos jóvenes no tienen dinero para pagar su educación en una universidad privada? El presidente Vizcarra no recuerda cómo llegó a ser ingeniero: gracias a la educación pública que le brindó la UNI.
No cabe duda que la reforma de la que se vanagloria el Gobierno esconde actos oscuros.
(*) Periodista y director de la revista cultural Lima Gris.
