Por Eran Yuvan
El mes pasado, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de Recordación y Tributo a las Víctimas del Terrorismo, con una exhibición sobre las víctimas del terrorismo en el mundo, en el hall de entrada de su sede central en Nueva York. La exposición fue extensa y conmovedora, pero tenía una omisión sorprendente. No había en la misma, ni una referencia a algún acto terrorista contra israelíes, ni siquiera a la luz del atentado masivo perpetrado por Hamás y la Yihad Islámica Palestina en octubre de 2023, con el saldo de 1.125 asesinados y más de 250 secuestrados.
Es muy posible que la ONU se haya mostrado reacia a estos actos brutales, debido a su propia complicidad en este terrorismo. Como ha sido bien documentado, los jóvenes palestinos son adoctrinados al martirio y al terrorismo en escuelas administradas por la ONU; las oficinas, escuelas e instalaciones médicas son utilizadas regularmente para albergar y proteger bases terroristas; y lo que sorprende aún más, los empleados de la UNRWA participaron activamente en las bárbaras atrocidades del 7 de octubre.
Pero esta ceguera al terrorismo, cuando está dirigido contra Israel, no está limitada a exhibiciones dentro del edificio de la ONU. Refleja su expresión en la propia tarea de la ONU. Un ejemplo sorprendente es la Resolución 39 sobre la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia en referencia a las Consecuencias Legales derivadas de las políticas y prácticas israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos, presentada esta semana en la Asamblea General.
La resolución, que pretende darle fuerza a una opinión consultiva no vinculante de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), demuestra la misma ceguera deliberada que en la exposición, eliminando de sus imágenes todo indicio de terrorismo contra el pueblo de Israel. En el mundo de fantasía de la resolución, miles de misiles no han sido disparados contra israelíes por Hamás y la Yihad Islámica Palestina, desde zonas evacuadas por Israel en Gaza.
Otros miles no han sido disparados por Hezbolá desde las zonas de las cuales Israel se retiró en el Líbano. También están ausentes los reiterados ataques desde Siria, Irak, Yemen y Judea y Samaria (la Margen Occidental), y, por sobre todo, del instigador y orquestador de estos proxys, el propio Irán. Al presentar este escenario ficticio, la resolución solicita a los Estados que no proporcionen a Israel las armas y municiones básicas que necesita a fin de proteger a sus civiles, privándole del derecho a protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos, uno de los derechos fundamentales de todos los Estados, conforme a la carta de la ONU.
El alegre llamamiento de la resolución a Israel a retirarse incondicionalmente de los territorios desde los cuales está siendo atacado actualmente, ignora la realidad de Liuna masiva red de túneles terroristas y depósitos de misiles en Gaza. No hace mención alguna de los acuerdos minuciosamente negociados entre Israel y los palestinos, que le otorga a Israel el derecho de permanecer y defenderse ante dichas violaciones. Y ello oculta el simple hecho de que, hace 19 años en Gaza, Israel hizo precisamente lo que solicitaba la resolución: una retirada total, y el resultado no fue la paz, sino la catástrofe.
La necesidad y el derecho de los israelíes a ser protegidos de los ataques, es solamente un aspecto de la ceguera de la Resolución 39. Acusa a Israel de segregación racial y apartheid, ignorando el hecho de que los ciudadanos árabes de Israel, que representan más del 20% de la población del país, no solo tienen los mismos derechos ante la ley, sino que también participan activamente en el mundo académico, los negocios y la atención médica, y prestan servicio en la Kneset y la Corte Suprema. El rescate realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel de Farhan Al-Qadi, un musulmán árabe-israelí que estuvo retenido durante más de 300 días en cautiverio por Hamás, es un ejemplo sorprendente de la brecha moral entre las dos partes.
La resolución tampoco muestra ninguna conciencia de los derechos o necesidades de los palestinos. Ignorando el hecho de que las empresas israelíes de Judea y Samaria resultan vitales para proporcionar empleo e ingresos a los palestinos y sus familias, solicita un boicot económico. Y al pedir que no sea cuestionado el brutal regimen de Hamás en Gaza, se convierte en cómplice de la negación de derechos básicos a los palestinos mediante la explotación de escuelas y hospitales, el robo masivo de ayuda internacional, y la violenta represión de la libertad de expresión.
De un modo similar, el llamamiento de la resolución a convocar una reunión de las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra sobre territorios ocupados no reconoce que, a pesar de los numerosos casos de ocupación a lo largo de la historia, tal reunión se ha convocado solamente en relación a Israel, que es uno de los pocos países que ha aplicado en la práctica, las disposiciones de la Convención.
La resolución contradice el principio fundamental sobre el cual se basaron todos los acuerdos y arreglos de paz previos entre Israel y sus vecinos: que la resolución del conflicto sólo puede ser alcanzada mediante negociaciones directas entre las partes. En cambio, esta resolución sólo servirá para alejarnos aún más de la paz.
La Autoridad Palestina, que es la iniciadora de la resolución,no persigue la paz; sino que su objetivo es socavar la legitimidad de Isael a través de manipulaciones políticas. La verdadera paz será lograda solamente mediante negociaciones bilaterales directas, y la Autoridad Palestina no puede eludir esta realidad, recurriendo a los tribunales internacionales. Hay un rol importante que debe desempeñar la comunidad internacional al momento de abordar el desgarrador sufrimiento del actual conflicto. Pero si quiere desempeñar este rol, debe comenzar abriendo sus ojos a la realidad. Los Estados auténticamente preocupados por los pueblos de la región, deben rechazar rotundamente esta resolución, que no solo no aproximará la paz, sino que además transmite un mensaje que, en lo que respecta al terrorismo de Hamás, la ONU prefiere recompensarlo en lugar de denunciarlo.
(*) Embajador de Israel en Perú
