¿Qué sucede cuando el sesgo deja de ser una falla en el sistema y se transforma en el propio sistema?

Durante décadas, las Naciones Unidas han construido una red permanente de comisiones, mandatos y mecanismos centrados en Israel. El resultado es un nivel de escrutinio institucional y de discriminación que no se aplica a ningún otro Estado miembro.

Existe, dentro de la estructura permanente de la ONU, un mecanismo que somete al único Estado judío del mundo a criterios a los que no es sometido ningún otro país.

Todas las instituciones tienen incentivos.

Los diarios necesitan historias.

Las universidades necesitan investigación.

Las organizaciones necesitan misiones a fin de sostenerse.

Las Naciones Unidas no son la excepción.

Durante décadas, una nefasta anomalía se ha estado propagando dentro de la ONU, dedicada a criticar a Israel. Cuenta con sus propias agencias, comisiones, presupuestos y personal, todos con carácter permanente y exclusivo. Juntos, producen un flujo incesante de informes sesgados, investigaciones manipuladas y resoluciones distorsionadas que influyen en la opinión pública sobre Israel y continúan alimentando este sistema.

La cuestión ya no es si algunos funcionarios exhiben parcialidad. En cierto punto, el sesgo dejó de ser un defecto del sistema para convertirse en el sistema mismo.

La promesa de la igualdad de trato

Nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del Holocausto, la ONU fue establecida en 1945 por 51 miembros fundadores. Todos adhirieron a una misión ambiciosa: salvar a las siguientes generaciones del flagelo de la guerra, defender los derechos humanos y garantizar que el derecho internacional se aplicara de modo igualitario. El trato igualitario no era una mera aspiración; era la piedra angular de la credibilidad y los valores de la institución.

Hoy, la ONU es un actor fundamental en la configuración de la diplomacia, el derecho internacional, la cobertura mediática y la opinión pública mundial. Sus informes son percibidos como una fuente fidedigna y creíble por gobiernos y periodistas de todo el mundo. Esa influencia conlleva una enorme responsabilidad: aplicar sus normas con imparcialidad. No obstante, cuando se trata de Israel —una democracia dinámica que se incorporó a la ONU en 1949—, los registros del organismo reflejan una historia sumamente diferente.

Observemos las cifras. De 2015 a 2025, Israel fue objeto de más resoluciones críticas de la Asamblea General que el resto del mundo combinado en nueve de los últimos once años.

Durante ese período, la Asamblea General adoptó 109 resoluciones críticas específicas contra Israel, en comparación con las 83 de todos los demás países juntos.

El desequilibrio resuena con más fuerza aún cuando se lo compara con la gravedad de las acciones de otros gobiernos. Un análisis que comparó las condenas de la ONU con las calificaciones de gobernabilidad de Freedom House reveló que Israel recibió una cantidad de condenas considerablemente mayor que la de Estados autoritarios radicales, entre ellos Siria, Irán y Corea del Norte. Esto es algo totalmente absurdo e injustificable.

Israel es una democracia que defiende los valores liberales, el Estado de derecho, la igualdad en materia de derechos humanos y la libertad de culto para todos sus ciudadanos. Esta disparidad plantea un interrogante fundamental: ¿acaso el riguroso análisis de la ONU está realmente determinado por la gravedad del historial de derechos humanos de un país, o por algo más?

Si Israel mantiene normas que estos regímenes violan rutinariamente y, sin embargo, afronta condenas más severas, la cuestión no pasa por los derechos humanos. El enfoque desproporcionado que se le da al único Estado judío del mundo es el verdadero problema.

Esta disparidad no es accidental; ha sido construida dentro de la propia maquinaria y arquitectura de la ONU.

La maquinaria del doble rasero

El problema va mucho más allá de informes individuales o de funcionarios controvertidos. Durante décadas, la ONU ha construido un nivel de escrutinio minucioso sobre Israel que no existe para ningún otro Estado.

En el Consejo de Derechos Humanos, todos los demás países son evaluados en el marco del punto 2 de la agenda. Solo Israel ha sido aislado en su propio punto (el punto 7), lo que provoca un escrutinio obsesivo en todas las sesiones. Además, existen una comisión de investigación de duración indefinida y un mandato permanente de un relator especial.

Esto no surgió de la noche a la mañana. En 1975, Estados alineados con la Unión Soviética, así como países árabes y de mayoría musulmana, unieron fuerzas para atacar a Israel, al tiempo que desafiaban la credibilidad de su aliado más cercano, Estados Unidos. Esa coalición ayudó a aprobar la Resolución 3379, que declaraba que «el sionismo es una forma de racismo».

El sionismo es el movimiento por la libre determinación del pueblo judío en su patria ancestral. En el caso de cualquier otro grupo humano, la comunidad internacional defendería ampliamente el principio de la autodeterminación.

Aunque la resolución fue derogada en 1991, la lógica política persistió. La misma dinámica de bloques explica por qué las resoluciones antiisraelíes cuentan con sólidas mayorías en la ONU, dinámica que reapareció en la Conferencia contra el Racismo de Durban en 2001, donde una vez más Israel se convirtió en el objetivo central. Lo que comenzó como una política de coaliciones se transformó en un patrón permanente que sigue condicionando el trato hacia Israel en la ONU.

Más allá del Consejo de Derechos Humanos, esta infraestructura continúa ampliándose. La ONU mantiene una División para los Derechos Palestinos, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), una agencia de refugiados independiente y dedicada en exclusiva a la cuestión palestina.

Esta modalidad pone de manifiesto una contradicción fundamental. Muchos palestinos considerados refugiados viven en los territorios palestinos —incluso en zonas donde la Autoridad Palestina ejerce responsabilidades gubernamentales significativas— y, no obstante, conservan el estatus especial de refugiados en el marco de la UNRWA.

Ninguna otra población de refugiados cuenta con un organismo específico de la ONU ni con un marco institucional comparable. La UNRWA fue establecida como un organismo de asistencia temporal; sin embargo, más de siete décadas después aún existe y permite que los descendientes de los refugiados originales mantengan también esa condición. En lugar de encauzar la cuestión de los refugiados hacia una resolución, el sistema ha permitido que el estatus de refugiado persista a través de las generaciones.

Mientras tanto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se ha convertido en uno de los centros de información más influyentes, produciendo un flujo constante de informes que moldean la cobertura mediática, el discurso diplomático y los procedimientos legales internacionales.

La fuente de estas cifras plantea sus propias interrogantes. La OCHA recopila información proveniente de las autoridades de Gaza, gobernada por Hamás, a pesar de que esta ha sido calificada como organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros actores. Un informe del Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes de la ONU, emitido en 2025, reconoce explícitamente haber recibido información del «Ministerio de Salud de Gaza», el cual no es más que una rama de la organización terrorista Hamás. La contradicción es evidente: las estadísticas de una organización calificada como terrorista están siendo utilizadas para deslegitimar y demonizar a una democracia: Israel.

Estos organismos conforman un entramado burocrático permanente, respaldado por miles de millones de dólares en financiación anual proveniente de los contribuyentes. La cuestión ya no es si los informes individuales son imparciales. El tema de fondo es si una institución puede mantener la neutralidad cuando todo un ecosistema de comisiones, investigadores, organismos y mecanismos de información está dedicado a someter a un Estado miembro a un escrutinio mayor que al resto del mundo; a una democracia cuyo único delito real es ser el único Estado judío del planeta.

No se trata de un escrutinio ocasional. Se trata de un doble rasero que ha sido incorporado al sistema y se ha vuelto permanente.

Síntesis

El peligro que entraña esta dinámica en la ONU va mucho más allá del trato injusto a Israel. Cuando la organización se obsesiona desproporcionadamente con condenar a una democracia en lugar de hacerlo con los regímenes que violan sistemáticamente las libertades que dicha institución prometió defender, le quita sentido al concepto de «derechos humanos». Principios que deberían respetarse universalmente se han convertido en herramientas políticas, aplicadas únicamente en función de las mayorías, las alianzas y las agendas.

Israel exige lo que la ONU le prometió a todas las naciones desde su fundación: un trato igualitario basado en normas comunes. Hasta que ello suceda, el interrogante ya no es si la institución tiene prejuicios contra Israel. La pregunta clave es si una institución que aplica sus principios de manera tan selectiva puede continuar atribuyéndose la autoridad moral para hablar en nombre de los mismos.

Los principios universales aplicados de manera selectiva dejan de ser principios universales.

(*) Embajador de Israel