Estamos sin rumbo, seguimos de cajeros y no habido una reestructuración del gasto en el presupuesto de la Republica 2023, aprobado por un “congreso populista” con los recortes que se debieron efectuar. No se han eliminado los gastos improductivos y no se podrá conocer en que se gastan los recursos de los contribuyentes que lo financian con sus tributos.Al gasto público en educación, salud, agua, saneamiento e infraestructura no le dan importancia, destinando recursos en acciones que no son rentables socialmente.
No se utiliza al planeamiento estratégico como herramienta de gestión gubernamental y se acusa, a los Gobiernos Regionales y Locales que no saben gobernar y que no tienen capacidad para ejecutar su presupuesto de inversiones. Cuando es sabido que en los sectores del Estado también devuelven recursos de inversión.
El gobierno de transición no considera en sus decisiones, que estamos en un proceso de descentralización y debe cumplir con dar las pautas y acciones de lo que se debe hacer con estrategias claras y transparentes por región.
La inversión privada ni el consumo aumentan, los sueldos siguen bajos, la informalidad del empleo es 78% de la PEA (Población Económicamente Activa) y la calidad de vida ha desmejorado.
La inflación de alimentos perecibles papa, legumbres, hortalizas ha sido en enero 2023 de 26.5% según el BCR. El PBI 2023 será de 1.9% aproximadamente.
Hay pobreza extrema, conflictos sociales, difícil acceso a servicios básicos, la población no tiene contacto con el Estado y si lo tiene, lo ven como un enemigo; igual que al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional; la precariedad y la desconexión del mercado laboral crece. ¿Dónde radica el problema? Se debe cambiar la visión política del Estado para que se preocupe por el ciudadano, no protege sus libertades y derechos.
Es necesario reformular el rol del Estado se requiere invertir en infraestructura para conectar la economía con la geografía. Un efecto grave del modelo económico se da en el mercado laboral, que no genera oportunidades de empleo adecuado, sino de baja calificación, productividad e ingresos bajos.
Los mercados requieren regulación estatal porque, sin ella, se generan situaciones de dominación y discriminación.
La relación entre Estado y empresa debe reformularse. El país creció por el incremento del precio de los minerales, sin embargo, la visión de protección del ciudadano sigue ausente. Si un país solo ve el crecimiento, se descuidan otros temas: los derechos ciudadanos o ¿Políticas para aminorar la desigualdad?
Para no caer en el paternalismo de programas asistencialistas, debe haber regulación estatal y que funcione. Está bien que se promueva el crecimiento, pero se necesitan reglas de regulación del Estado para que los ciudadanos se beneficien.
Debemos tener un Estado pequeño y eficiente, con un reducido número de organismos y que se dedique a proveer seguridad, administre justicia, financie infraestructura y esquemas de alivio a la pobreza.
Hay aplicar la economía social de mercado que oriente el desarrollo y promueva la competencia justa con empleo de calidad. La Constitución de 1993 en sus artículos 58° y 59° señala que estamos en una economía social de mercado y que el Estado debe actuar en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, servicios públicos.
