El domingo 8 de marzo del 2020, el programa Cuarto Poder emitió un reportaje sobre la violencia doméstica, hoy mal llamada “violencia de género”. Ese día yo señalé en mi cuenta de Twitter que el informe había obviado un dato muy relevante: que del total de víctimas del llamado “feminicidio”, la menor parte morían en manos de su cónyuge. De hecho, el informe del Centro Aurora del 2019 señaló que el 90% de las mujeres asesinadas durante ese año murieron en manos de un hombre con el que no se habían casado legalmente. Este dato lo tenía a la mano porque constantemente, para distintas investigaciones e intervenciones que realizo por mi trabajo, consulto los informes estadísticos oficiales como, por ejemplo, los emitidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En el informe del Centro Aurora del 2019 (que pueden consultar aquí https://asista.pncvfs.gob.pe/images/UGIGC/BV2019/BV%20Diciembre%202019.pdf),
sí se hacía la diferenciación entre el tipo de relación que mantenía la víctima con su victimario. Se separaba expresamente la categoría “cónyuge” de la de “conviviente”.
Y efectivamente se puede constatar que la mayoría de mujeres murieron en manos de personas con las que no habían constituido un vínculo legal matrimonial. Claro está, muchas personas vinculadas principalmente a posturas ideológicas de género y con interés en promover estas corrientes se indignaron por lo señalado argumentando, como es común, que pretendíamos promover posturas religiosas o anticuadas. Lo paradójico de todo esto es que no se trata de una estadística cualquiera que podría ser leída subjetivamente. Se trata de una estadística de hechos concretos: son las mujeres asesinadas durante el 2019 en un país. No hay lugar a mayor interpretación.
Cualquier persona que está interesada en promover políticas públicas que busquen un real bienestar en la mayoría de la población sabe que para lograr cambios uno debe sacudirse de cualquier ideología, postura religiosa o experiencia personal y mantenerse lo más alineado posible con los datos científicos y estadísticos. En este caso, más allá de si nos guste o no el matrimonio, lo que las cifras oficiales dictaban es muy simple: de cada 100 mujeres asesinadas, 10 mueren en manos de un cónyuge y 90 en manos de un hombre con el que no están casadas legalmente. Y no es un dato menor porque cualquier funcionario público interesado en promover políticas que preserven la integridad de la mujer, al leer esas cifras, podría fácilmente deducir que el matrimonio (es decir, un compromiso legal, estable y a largo plazo) genera un espacio de relación mucho menos violento para la mujer. Y, por lo tanto, debería ser un tipo de convivencia que valdría la pena promover mediante distintas políticas multisectoriales como, por ejemplo, la educación sexual en la escuela.
Hasta aquí podría quedar en un dato anecdótico sobre un intercambio en redes sociales. Sin embargo, hace unos días, revisando nuevamente las cifras, me di con la sorpresa de que el mismo informe que emitía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre la violencia feminicida, en su versión del 2020 y del 2021, ya no hacía la misma categorización de las relaciones entre la víctima y su victimario.
(Enlace Informe 2021: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/boletin/Julio/julio2021.pdf).
Ahora presentan en una sola categoría —“Pareja”— tanto a los convivientes como a los matrimonios legalmente constituidos. ¿Por qué dejaron de hacer la distinción? Eso lo único que logra es que más bien no podamos saber a ciencia cierta quién mata a las mujeres y en qué tipo de relaciones hay más peligro. ¿Por qué lo hacen? ¿Es más fuerte su ideología y su afán de cambiar estructuras y valores que realmente conocer las características de los actores del problema que, supuestamente, quieren resolver? ¿Acaso no es relevante saber quién es el asesino y cuál es su vínculo con la víctima? ¿Cómo diseñamos políticas públicas que realmente eliminen esta desgracia que sufrimos las mujeres como es la violencia si no tenemos datos precisos y rigurosos? Como bien menciona el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias, uno de los grandes problemas que tiene el país para implementar las políticas en este sector es la falta de estudios rigurosos y de estadísticas. ¿Cómo así, entonces, el principal organismo público que tiene la responsabilidad de luchar contra la violencia feminicida, descarta datos tan importantes?
Celebrando la aprobación del reconocimiento del Día de la Familia en el Congreso de la República, instamos a todos los congresistas que votaron a favor de dicha moción que pongan atención a esta denuncia.
(*) Directora de Asociación Origen- Vanguardia y cambio cultural
