Durante los últimos años he dedicado buena parte de mi tiempo a analizar el conflicto de Medio Oriente y, especialmente, las campañas de desinformación que buscan manipular la opinión pública. He aprendido que una de las herramientas más eficaces de la propaganda consiste en lograr que las conclusiones precedan a los hechos: primero se construye el culpable y luego se buscan los argumentos para justificar el veredicto.
Es un fenómeno que he visto repetirse una y otra vez. No solo en el conflicto
israelí-palestino, sino en innumerables campañas políticas alrededor del mundo. Por eso me resultó imposible permanecer indiferente al leer las reacciones de los periodistas de izquierda, Gustavo Faverón y Mariela Patriau, apenas iniciado el nuevo gobierno de mi querido Perú.
No porque crea que un gobierno deba estar exento de críticas. Todo lo contrario. Una democracia sana necesita una prensa crítica, una oposición vigilante y ciudadanos exigentes. Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es condenar antes de que exista algo que juzgar.
Bastó el primer gabinete para que aparecieran palabras como cleptocracia, dictadura, gobierno criminal, hordas del infierno y hasta la afirmación de que el país se encamina inevitablemente hacia una reedición del régimen de los años noventa. No hablamos de un balance después de cien días de gestión. Ni siquiera después de un mes. Hablamos del primer día.
Uno de los ejes de la crítica fue la escasa presencia de mujeres en el gabinete ministerial. La representación femenina es un tema legítimo y merece ser discutido. Pero reducir la calidad de un gobierno al número de ministras es una visión superficial. La historia demuestra que la eficacia de un gabinete depende de la capacidad, la honestidad y los resultados de quienes lo integran, no exclusivamente de su género.
El propio Gustavo Faverón reconoce que haber tenido una mujer como presidenta no garantizó un buen gobierno. Si ese razonamiento es válido, entonces también debería aceptarse que un gabinete con más mujeres tampoco garantiza mejores políticas públicas. La representación importa, pero no reemplaza al mérito ni a la gestión.
Más preocupante aún es el tono utilizado. Cuando se afirma, desde el primer día, que un gobierno será criminal, autoritario o una nueva dictadura, ya no estamos frente a un análisis político. Estamos frente a una sentencia anticipada basada en convicciones ideológicas más que en evidencias.
Eso revela un problema mayor. Para ciertos sectores, el resultado electoral solo parece ser legítimo cuando gana quien ellos apoyan. Cuando ocurre lo contrario, la conclusión ya está escrita antes de que el gobierno tome su primera decisión.
La democracia exige aceptar algo elemental: quien gana una elección tiene derecho a gobernar y quien pierde tiene el deber de fiscalizar con rigor, no con prejuicios. La crítica debe construirse sobre hechos, no sobre profecías.
He pasado años denunciando campañas de manipulación informativa provenientes de distintos actores internacionales. Me preocupa ver que las mismas técnicas de polarización, caricaturización del adversario y construcción anticipada del enemigo también contaminan nuestro debate político interno.
El Perú necesita recuperar la serenidad. Necesita menos consignas y más argumentos; menos rabia y más evidencia; menos militancia disfrazada de análisis y más honestidad intelectual.
Porque el escepticismo fortalece la democracia: observa, pregunta y evalúa. El prejuicio, en cambio, ya tiene el veredicto antes de conocer las pruebas.
Y cuando el primer día de un gobierno ya tiene sentencia, el problema deja de ser el gobierno. Empieza a ser la incapacidad de algunos para aceptar que la democracia también consiste en respetar el resultado cuando no coincide con sus propias preferencias políticas.