Hablaré pedagógicamente del tema del epígrafe. El sistema político actual está en falencia. El Parlamento es un órgano político, pero anárquico y escabino, sumiso a la dictadura del Poder Ejecutivo que tiene el monopolio presupuestal. Sabemos cómo ha comenzado –las dádivas de antaño ahora son favores a parlamentarios para someterlos a su antojo— y, también, podemos predecir cómo terminará: acefalía, derrocamiento del “presidente” y de toda la gentuza que le lanza incienso. Veamos ese analfabetismo.
II
He sostenido que los Parlamentos sufren una gran depredación. El nuestro no es ajeno y padece gran desprestigio (vean las últimas encuestas). Pertenecí a Asambleas en las que han estado Haya de la Torre y otros por el APRA; Polar, Ramírez del Villar, Aramburu, por el PPC; Ulloa, AP; Del Prado, PCP; o senadores vitalicios como Fernando Belaunde Terry y José Luis Bustamante y Rivero. Ese tipo de gentes ya no está en las ágoras parlamentarias porque el país está en decadencia intelectual o tal parece que nadie quiere participar en política. Lo que mejor produjimos en historia, literatura, derecho, política, fue la Generación del Centenario y la del Conversatorio Universitario (1921): Jorge Basadre, Raúl Porras, Jorge Guillermo Leguía, Manuel Abastos, Haya. Hoy, no tenemos grandes líderes.
III
La crisis se refleja en el Parlamento actual. Solo sirven para la denuncia y la persecución calumniosa e irresponsable. No están para debates. No tienen ideas. No tienen cultura. Para ellos un artículo que titulé “Técnica Democrática del Golpe de Estado” es golpista. Desconocen que viene del libro de Curzio Malaparte, escrito en 1920. No hay reelección de congresistas, pero el unicameralismo, por su estructura y origen electoral, seguirá pariendo figuras y figurones pigmeas. Viven para el escándalo y la incertidumbre política.
Como alternativa, insisto, deberíamos restaurar el bicameralismo, pero funcional. Elegidos una parte por el pueblo –desde las regiones o departamentos y en distrito electoral nacional—, y otra parte elegida indirecta e irrevocablemente por los Colegios de Abogados, las universidades y Facultades de Derecho, por los sindicatos, el capital nacional y extranjero, Fuerzas Armadas.
IV
Veamos los factores políticos y jurídicos de la decadencia de los Parlamentos.
Factores políticos: a) Espíritu intervencionista del Estado de Bienestar en virtud de medidas administrativas del Poder Ejecutivo; b) Sumisión de la mayoría parlamentaria al Ejecutivo. El freno y contrapeso queda solamente en manos de las minorías; c) El aumento de medios de comunicación social y su influencia en la opinión pública son tribunas alternativas que compiten con el Parlamento; d) Defensa de intereses sectoriales por vías extraparlamentarias; f) Distanciamiento y déficit de representación entre electores y elegidos. El elector desconoce a las personas que elige.
Factores jurídicos: a) El Parlamento ya no tiene el monopolio de la ley; existen Decretos de Urgencia, facultades delegadas. Un estudio concluye que el 90% de la producción normativa es atribuible al Ejecutivo y solo el 10% al Parlamento (Delgado Guembes, 1992); b) El Presidente puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin participación del Congreso, salvo en materia de DD.HH, soberanía, defensa, obligaciones financieras; c) Surgimiento de entes supranacionales impenetrables por las asambleas domésticas; d) Tribunales Constitucionales, no solo derogan normas, pueden promulgarlas, manipularlas, etc.; e) Defensor del Pueblo como controlador de la administración; f) las Regiones, comunidades autónomas, Estados Federales, tienen poderes legislativos; g) Disolución del Parlamento constitucionalmente (Art. 134) y extra-constitucional anunciada por candidatos presidenciales.
V
Ante esa deslegitimación, el Parlamento ha tratado de recuperar su imagen tornándose en Tribunal. Los datos son elocuentes. En los últimos veinte años recibieron denuncias de todo género, alrededor de tres mil, pero solo formularon 60 informes de investigación (ver informes temáticos de la DGP/DIDP); tramitaron más de medio millar de acusaciones constitucionales –para altos funcionarios públicos que busca sancionarlos con suspensión, inhabilitación y destitución, y denuncia penal de ser el caso—, pero solo una veintena se derivaron al Poder Judicial.
Por eso repito aquí, porque parece para hoy, lo dicho por Manuel González Prada, en 1906, sobre nuestros legisladores:
“Cuando transcurran los tiempos, cuando nuevas generaciones divisen las cosas desde su verdadero punto de mira, las gentes se admirarán de ver cómo pudo existir nación tan desdichada para servir de juguete a bufones y criminales tan pequeños.”
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y exsenador de la República.
