Sigo sosteniendo que el poder constituyente es un poder que pertenece al soberano, al pueblo, es libre, independiente, nada hay anterior ni por encima de ese poder; es omnímodo que destruye y crea todo, puede devorar y desaparecer gobiernos o a quien lo invoque. Ese poder surge cuando se funda o refunda un Estado. El que no exista paz social no impide su actuación. Por ejemplo, la Convención de Philadelphia de 1787, fue en la guerra de independencia de USA contra Inglaterra. La francesa en 1789, coexistió con la guillotina. La peruana de 1822, fue con la mitad del territorio ocupado por los realistas. Por eso me he impuesto la tarea de educar al pueblo y no repetir los yerros del pasado, para demostrar que la verdadera democracia es con justicia social, con participación ciudadana cotidiana, plebiscitaria, continentalista. Debemos acabar con democracias apócrifas y tartufas como la actual en que un puñado de aventureros juegan como niños a ser revolucionarios.
II
Recuerdo que el TGC, predecesor del TC, pereció porque se le ocurrió a un constituyente arequipeño que la sede debía ser la capital de su departamento y eso fue uno de los obstáculos para su éxito. Nadie se atrevió a protestar, por miedo a no recibir votos preferenciales de la ciudad-caudillo. Las protestas forzaron a Ramírez del Villar y a Polar a retractarse de su voto adverso. Así pasó también con un diputado por Junín que clamaba por hacer región a su departamento “ya que debía tener salida al mar”. Desterremos a los políticos profesionales que llegan al Parlamento, en su mayoría, vinculados a intereses de carácter local o circunstancial, sin tiempo para la reflexión, sin visión de la historia; viven de sus transacciones “principistas”.
III
Alternativamente al mamarracho propuesto por Castillo, en aplicación de la Ley 27600, el Parlamento debería designar una Comisión Constituyente, por consenso político, integrada por representantes de las universidades, colegios profesionales, la sociedad civil, sindicatos, empresarios, iglesias, FFAA y por juristas con antecedentes democráticos y de defensa de los derechos humanos, para que en un plazo de tres meses presente un anteproyecto de un nuevo texto constitucional de reforma de la Constitución con base en la legítima Carta de 1979, introduciendo las reformas necesarias del documento de 1993 y, luego, someterlo a referéndum. Al estilo de la comisión Debré que en 1958 concibió la actual carta francesa que el pueblo plebiscitó. Hay que apartarse del ruido demagógico de las asambleas constituyentes que, por ahora, no es un clamor ciudadano.
IV
Ese anteproyecto debería respetar la bicameralidad (el Senado debería ser en dos tercios representante de las Regiones y en un tercio funcional designándose senadores sindicales y empresariales), volver a la renovación por tercios, eliminar la doble vuelta electoral para elegir presidente; exigir solo con el 33%, en su defecto, la elección sea por el Parlamento entre los dos principales, prohibir la reelección presidencial mediata e inmediata, modificar la jurisdicción constitucional para evitar las traiciones y claudicaciones del TC, quizás como una sala especial en la Corte Suprema; reforzar la jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos; exigir que los fiscales y los jueces tengan un currículum democrático y de defensa de los derechos humanos y crear un Ministerio Público y un Poder Judicial absolutamente autárquico política y económicamente para que no dependa del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo y no tema sus represalias; hacer revocable el mandato del Jefe de Estado, de los Parlamentarios, de los Presidentes y Consejeros Regionales, de los Alcaldes y regidores; en sus disposiciones transitorias dispondrá una purga y enjuiciamiento de los fiscales y jueces desleales a la democracia y al debido proceso.
Será el pueblo el que decida. Hace más de ciento cincuenta años, el Congreso General Constituyente de Argentina al sancionar su Constitución dijo en su manifiesto dirigido al pueblo, recogido por Sánchez Viamonte en su “Poder Constituyente”:
“¡Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos!”.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y exsenador de la República
