¿Tenemos presidente? No. No tenemos. Tampoco tenemos Parlamento; con su presidenta censurada es un poder candidato a ser disuelto. Entramos, a corto plazo, a una etapa de acefalía. Los jefes de Estado en el Perú han tenido destinos siniestros, porque históricamente estamos en crisis permanente.
El gran mariscal José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, nuestro primer Presidente (1823), y Guillermo Billinghurst (1914) fueron despojados del poder, empero, los parlamentos no corrieron esa suerte y siguieron gobernando.
Ese señor llamado Pedro Castillo y sus áulicos están camino, por sus gravísimos yerros, a la destitución, dejando subsistente el Parlamento. Hay que estar ciego para no darse cuenta de lo que viene. Algunos piden nuevas elecciones generales, pero entraremos en una etapa de guerra civil intestina. Preparémonos. Las celdas aguardan al inicuo jefe de Estado de hoy y sus adláteres.
II
En el siglo XIX hubo golpes de Estado totales; hoy día vamos por ese camino. El seudo Jefe de Estado será destituido, el Parlamento disuelto y borrados de la escena otras instituciones como el TC y el Defensor del Pueblo que son elegidos por el Congreso.
Lógicamente, habrá una junta civil-militar transitoria que convocará a elecciones con verdaderos líderes populares. Realizaremos así la reconstrucción estatal y democrática del Perú. Una premonición que la comprobaremos en el corto plazo.
Así que, señores del “Parlamento”, vayan dejando sus escaños y retiren sus botellas de licor, remplazándolas por la Constitución de 1979, la legítima, firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Como ya he dicho mil veces, la apócrifa Constitución de 1993 rige, pero no vale, en cambio, la Carta de 1979 vale, pero no rige. Esa es la doctrina constitucional.
III
Nuestro sistema de gobierno es presidencialista híbrido, porque si bien el pueblo elige al Jefe de Estado, sus ministros requieren la venia del Parlamento para gobernar. Esa figura fue recogida de USA (presidencialismo puro) en que al presidente se le considera un intocable durante su mandato (no molestation).
En mi libro “La Responsabilidad Constitucional del Jefe de Estado” (2004) sostengo que en los Fueros de Tudela dicen que primero hubo leyes que Reyes, que éstos solo son simples elegidos y que están sometidos a la ley.
Todo eso se desarrolla y afirma en el siglo XIV forjándose una tradición según la cual el rey de Aragón es elegido por los nobles y subordinado al Justicia.
La fórmula que por entonces se divulga dice: “Nos que valemos tanto como vos, os elegimos Rey con estas condiciones, y entre nosotros, uno que mande más que vos”. Ese mismo pueblo dice: “Rex eris si recta facies, si nom, nom eris”. Eres Rey si actúas rectamente, si no, no lo eres.
IV
Se elige para el cargo más importante de la Nación a quien se cree será mejor y se le dejará gobernar. Así se introdujo la figura del juicio político, por infracciones a la constitución durante su mandato, y el juicio de residencia virreinal para procesarlo por todos sus actos al final del gobierno.
Hoy nos preguntamos: ¿El seudo jefe de Estado de hoy actúa rectamente? No, obviamente. El medio para exigir la responsabilidad del gobernante es el juicio político, antejuicio o impeachment. El fin de este procedimiento es quitarle el poder a quien hace o hizo mal uso de él. Su naturaleza es penal, aunque de entraña política.
La única sanción, como consecuencia del antejuicio, es la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos temporal o perpetuamente. Todo ello, sin perjuicio de la acción ante el Poder Judicial en caso de que el hecho tipifique un delito previsto y penado por el Código Penal. Por esas referencias históricas la Fiscalía puede atribuirse investigar durante su mandato al “Presidente”.
El Tribunal de Sanción Nacional (1930) se instauró una vez derrocado Leguía, el 22 de agosto, para enjuiciar por todos los latrocinios y las barbaridades cometidas en el oncenio. Pedro Castillo terminará como Leguía, en la cárcel, en la guillotina o en el exilio.
(*) Jurista, exconstituyente, exsenador, exconstituyente y excongresista de la República.
