Vamos a ocuparnos de la responsabilidad civil y política que gobierna constitucionalmente al jefe de Estado. En el siglo XIX no hubo ningún gobernante sometido a juicio o a condena. Es verdad, empero, que Salaverry fue fusilado en Arequipa en 1836, a los 29 años de edad, pero no era jefe de Estado legítimo. Fue caudillo arrojado de la Patria vieja. En el siglo XX nos hemos hallado con todos los caracteres de la guerra civil.
De 1899 a 1931 hubo fundamentalmente una democracia, salvo los latrocinios de Juan Leguía, hijo de Don Augusto. Y por decisión popular el crudelísimo generalote Sánchez Cerro fue ejecutado en 1933 por Abelardo Mendoza Leyva. Pero, al margen de esto y de la prisión y muerte de Leguía en 1932, ninguno de los gobernantes ha sido sancionado.
Hoy día nos hallamos con un impostor que está traicionando a las masas. En unas cuantas semanas se ha descapitalizado. De tal manera que su futuro es incierto: la cárcel, la muerte o el exilio. Esas son las más dramáticas soluciones a la presencia del pagliaccio Castillo en el poder.
II
Los actos de gobierno del jefe de Estado, como la responsabilidad política, emanan de la Constitución, pero se originan, como sostuve en mi tesis universitaria, en la idea que los gobernantes son responsables ante sus comitentes –ante el pueblo que lo elige–, y que no se puede gobernar impunemente, es principio de data contemporánea.
Es un postulado del moderno Estado Democrático de Derecho nacido en 1789 a la sombra de los ideales que enarbolara la Revolución demoliberal de aquella fecha. Hasta entonces el Príncipe había sido considerado como un personaje que gobierna a su arbitrio sin limitaciones y sin restricciones en virtud de un mandato de origen divino o semidivino. Es decir que la fuente inmediata del poder es algo extra-humano, derivado de la gracia de Dios.
Al vencer la teoría constitucional democrática en 1789 aparecería el Estado de Derecho, es decir el Estado autolimitándose por la voluntad de la norma jurídica que él mismo promulga. Ahora el poder debe someterse a su norma positiva; e incluso es factible que los magistrados lo ajusticien y se vea obligado a acatar una decisión dictada en su contra.
No tiene cabida la voluntad arbitraria del mandatario. Para frenar los excesos se reconoce la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad de los agentes del poder público, la responsabilidad, concretamente, de los funcionarios-gobernantes, digámoslo así para usar una frase acuñada por Gastón Jeze.
La soberanía popular es la fuente del poder, es la causa del reconocimiento de la responsabilidad de los funcionarios. Como ya no se actúa en el gobierno por “voluntad de Dios” o por simple derecho de familia, sino que la fuente de la autoridad es la colectividad, a ella, pues, es a quien hay que dar cuentas del mandato, pero no directamente, sino de acuerdo al sistema representativo. (Cfr. mi trabajo “Responsabilidad Constitucional de Jefe de Estado”, Edit. San Marcos, 2004).
III
Presidencialismo, parlamentarismo y refrendo varían su significado según el sistema porque el papel del jefe de Estado o del ministro es distinto. En el régimen parlamentario el jefe de Estado ejerce el Poder ejecutivo por medio de sus ministros. En cambio, en el régimen presidencial, lo ejerce con el auxilio de ellos. En el primer caso, el gabinete es designado por las Cámaras o Congreso y se mantiene en el poder mientras el Parlamento lo quiera.
En el régimen presidencial, la unidad de acción política, los rumbos de ésta, son impresos por el Presidente, independientemente de las Cámaras. En el parlamentarismo, el jefe de Estado es una figura decorativa, se dice generalmente que “representa a la nación” o a la “unidad nacional” y es casi absolutamente irresponsable.
Nuestro sistema es presidencialista, o más bien mixto, con incrustaciones típicas del parlamentarismo, como el voto de investidura o de confianza, la censura, la interpelación, la estación de preguntas, y el control sobre los actos legislativos del Poder Ejecutivo.
Así que el futuro de Castillo y su gabinete está en manos del Congreso que le dará o no la investidura. Lamentablemente, así, el destino del país está en manos de los parlamentarios, iletrados y cobardes.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y ex senador de la República.
