En los últimos meses hemos sido testigos como la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) ha metido sus narices en asuntos internos del Perú. Primero emitiendo un informe donde acusó sin pruebas a las fuerzas del orden de “ejecuciones extrajudiciales” durante las protestas violentistas, en diciembre del 2022, por parte de los seguidores del golpista Pedro Castillo, hoy preso en la Diroes.
Luego, emitieron un pronunciamiento acusando de desacato al Tribunal Constitucional del Perú por disponer la liberación del expresidente Alberto Fujimori, gracias a un indulto presidencial otorgado por el entonces jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
Según este organismo ideologizado, se está contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Al recordar que, en la resolución de 5 de diciembre de 2023, requirió al Perú que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar al exmandatario. ¿Creen que somos su colonia o somos sus vasallos?
En primer lugar, esta entidad miente cuando señala que el expresidente Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, nada más falso y como bien lo dijo el excanciller Miguel Rodríguez Mackay no existe un caso en el mundo donde la Corte de San José haya anulado un indulto presidencial.
Y para cerrar con broche de oro, en la larga lista de intromisiones en la soberanía del país, la Corte IDH ha emitido un nuevo pronunciamiento tratando de meter presión al Congreso de la República para no destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
El Pleno del Congreso pondrá a debate y votación el viernes 15 de diciembre la moción para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”. Esto, luego que dicho organismo ordenara la suspensión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el plazo de seis meses.
Según la moción, la suspensión de Benavides en el cargo constituye una “flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la JNJ”, puesto que dicho acto se ha producido a pesar de existir un manifiesto conflicto de intereses entre la fiscal y los magistrados de dicha institución. Es decir, los investigados suspendieron a quien los estaba investigando.
Lo que corresponde es que el Perú se aparte de la competencia de la Corte de San José, entidad internacional que lejos de administrar justicia ha ordenado al Perú pagar millonarias reparaciones a familiares de terroristas, sino basta recordar que durante el gobierno del golpista Pedro Castillo se admitió la demanda presentada por el líder y fundador de la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, así como permitir que sea torturado sin investigar “diligentemente tales hechos”. No se puede tolerar más intromisiones a nuestra soberanía.
