La pandemia de la covid-19 no sólo ha desnudado algunas carencias en el sector salud, sino también ha agudizado dos problemas que afecta a todo ciudadano en el país: salud mental y delincuencia.
Hace unos meses, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Jarbas Barbosa, instó a líderes y tomadores de decisión a garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política, ello con el fin de abordar el agravamiento de la salud mental tras la pandemia de COVID-19.
Por si fuera poco, un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que solo en el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%, incluso el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, advirtió que es “solo la punta del iceberg».
En el Perú solo entre enero y julio de este año se atendió un total de 911 330 casos por trastornos de salud mental y problemas psicosociales en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa). Entre las patologías más frecuentes figuran la ansiedad (231 874), depresión (139 121), síndrome del maltrato (132 980), trastorno emocional y del comportamiento en la niñez y adolescencia (111 364) y trastorno del desarrollo psicológico (109 679), entre otros.
Por ello, es importante fomentar la salud mental en la población y en los trabajadores. Así por ejemplo en EsSalud, a través de la Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjunto con la Gerencia Central de Operaciones (Gerencia de Oferta Flexible y su oficina especializada el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo –CEPRIT) proponen unir esfuerzos hacia el desarrollo de una cultura preventiva de la seguridad y salud laboral, promoviendo en las empresas aseguradas, públicas o privadas, la creación de entornos de trabajo seguros y saludables.
Con respecto a la inseguridad ciudadana, causa preocupación el incremento de la delincuencia en el país. Si bien el 2022 y 2023 representó el retorno a la normalidad luego de la pandemia, sin embargo, se repuntó también las cifras de crímenes. Según reporte de la Policía Nacional entre el 2019 y julio de 2023 se han podido identificar algunos delitos con variación atípica. Así por ejemplo los delitos informáticos aumentaron de 930 denuncias en el 2019 a 7 mil 734 en el 2023. Asimismo, los casos de usurpación pasaron de 2 mil 469 a 4 mil 802 denuncias. Esa línea la extorsión pasó de 1,246 casos en el 2019 a 7 mil 747 en este año. De igual forma, los casos de homicidio pasaron de ser 1,315 a 2 mil 474 en el mismo periodo.
Este problema debe ser abordado de manera integral con los sectores implicados como Interior, Ministerio Público, Poder Judicial y Justicia. De nada vale declarar en emergencia algunos distritos o agravar las penas, si por ejemplo los efectivos policiales no tienen protección legal. Hace unos días fuimos testigos como el Poder Judicial dio luz verde a un pedido de la Fiscalía para ordenar 9 meses de prisión preventiva a un valiente policía que abatió a un delincuente en legítima defensa. El mundo al revés.
