La criminalidad, en el Perú, ha puesto en jaque al Estado y la Sociedad, en mi calidad de abogado penalista y estudioso de la inseguridad ciudadana propongo las siguientes medidas.
1.- Obligar a todas las empresas operadores de telefonía a geolocalizar todos los números de donde provienen las extorsiones. Si no cumplen y, como las extorsiones se hacen a través de sus empresas, estas se convierten en cómplices del delito de extorsión. Por tanto, como tales, ser procesados y aplicar sanciones administrativas desde multas hasta la cancelación de las concesiones otorgadas.
2.- Asimismo, obligarlos a que coloquen bloqueadores en los penales. Independiente de las acciones penales y administrativa del personal del INPE que permiten el ingreso de celulares. En la medida que las cárceles que se han convertido en centros de operaciones para el crimen organizado. Es consecuencia de la corrupción que corroe a esta institución.
3.- Reforma total de la Policía Nacional altamente comprometida con la corrupción y las organizaciones criminales, como lo ha exigido por la Defensoría del Pueblo. Lo cual permitiría que la población puede confiar en esta institución, en la medida que los vecinos son la primera fuente de información para la toma de medidas contra la criminalidad y recobrar la confianza y participación de la ciudadanía. Quitarle las funciones de tránsito y de turismo, que son fuente de corrupción.
4.- Expulsión masiva de todo extranjero indocumentado de cualquier nacionalidad. Mayor control de las fronteras para evitar el ingreso irregular de todo extranjero que constituyen un serio peligro para la seguridad nacional. Fue durante el Gobierno de PPK con la presión y anuencia de apristas y toda la derecha que posibilitaron el ingreso de venezolanos (cerca dos millones) quienes trajeron las formas más horrendas de criminalidad organizado que ha puesto en jaque la seguridad nacional.
5.- Cadena perpetua para todo extranjero que incurre en delito, para lo cual debe volverse aperturar los penales El Sepa y el Frontón, adonde deber ser enviados los extranjeros a realizar trabajos forzados.
6.- Priorizar el servicio de inteligencia en el combate contra la criminalidad organizada, que permitan cortar la cadena de logística de las organizaciones criminales (control de armas, de cuentas bancarias, geolocalización de las llamadas, etc.).
7.- Reforma de todo el sistema de justicia nacional (Poder Judicial, Fiscalía, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, etc. altamente copado por intereses políticos, lo cual debilita la institucionalidad y la democracia.
8.- Otorgar un rol constitucional a las Fuerzas Armadas para combatir a la criminalidad en una situación donde los conflictos externos (Guerras contra nuestros vecinos) ya no existen. Por tanto, posibilitar que toda la infraestructura y personal de estas instituciones, se destinen al combate contra las organizaciones criminales previa capacitación para estos menesteres.
9.- Unificar en un comando único para las acciones de combate contra la criminalidad, a la Policía Nacional, las FF.AA., serenazgo, policías particulares y los vecinos, lo cual permitiría cubrir todo el territorio nacional.
10.- Exigir la renuncia o la vacancia de la Presidenta de la República por incapacidad moral permanente. Falta de liderazgo, de capacidad y vivir una realidad paralela y ajena a la grave situación e inseguridad total que sufren los peruanos. Por tanto, es un factor perturbador en la lucha contra las organizaciones criminales.
(*) Abogado especialista en derecho penal y analista político.
