Estamos viviendo un nuevo capítulo de una vieja práctica injerencista en nuestra soberanía jurídica y constitucional por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así tenemos que el viernes 1 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, realizó la “Audiencia Pública Perú: situación del Ministerio Público e impactos en los Derechos Humanos”, dónde compareció una representación del Estado peruano, que tenía como parte acusadora a un conglomerado de ONGs, que en la jerga internacional se denomina “representantes de la sociedad civil”, en esta ocasión bajo el evidente liderazgo del IDL.
Desconocemos, quien los eligió y a quien representa esta llamada “sociedad civil”, que en un acto de transparencia deberían revelar como financian su participación en estas instancias internacionales, donde actúan con evidente sesgo político.
Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la CIDH, no tiene carácter vinculante en nuestro país, resultando indignante como nuestras más altas autoridades (Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, Ministro de Justicia, procuradores, entre otros) concurren sumisamente a rendir cuentas, esperando lograr un certificado de buena conducta que nunca llegará, debido a condicionamientos políticos e ideológicos.
Durante esta audiencia la llamada sociedad civil atacó de manera sistemática al Congreso de la República, pretendiendo atribuirle intereses particulares a su labor de fiscalización y control político, descalificando el legítimo ejercicio de sus atribuciones constitucionales respecto de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En ese contexto, el Defensor del Pueblo, solitariamente, trató de explicar que el Congreso de la República estaba cumpliendo con sus facultades constitucionales y el ejercicio democrático del sistema de pesos y contra pesos, así como el equilibrio de poderes.
Tenemos la seguridad que esta 28° audiencia de la CIDH, forma parte de la campaña internacional contra el Congreso de la República, desatada por la JNJ pretendiendo que el Congreso abdique de su función constitucional de ejercer el control político frente a actos violatorios de la Constitución, lo cual a todas luces es un verdadero atentado contra el equilibrio de poderes.
El Grupo Parlamentario Renovación Popular denunció estos hechos en un reciente Pronunciamiento, que lamentablemente se vio opacado por el escándalo político asociado al ex Presidente de Consejo de Ministros que a manera de cortina de humo ensombreció todos los asuntos relevantes a la patria y en especial la denuncia constitucional a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Estaremos atentos al desenlace de este importante tema, de fundamental importancia para el sistema político y el respeto a la Constitución de nuestro país.
Congresista de la República
