Quien olvida la historia está condenado a repetirla. Así ocurrió en los meses posteriores al 28 de julio, cuando diversos sectores reclamaban frente a la arremetida de las organizaciones terroristas.

¿Tenían razón? Por supuesto que no. Ellos fueron responsables no solo del surgimiento del terrorismo, sino también de su avance, al punto de parecer que habían alcanzado el llamado “equilibrio estratégico”. Mientras tanto, boicoteaban cualquier intento de legislar contra el terrorismo y varios “tontos útiles” atacaban a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, acusándolas de “excesos y delitos”.

Hoy el panorama no parece distinto, aunque los actores sean otros. Algunos periodistas que se autodenominan “demócratas” han emprendido ataques contra el ministro del Interior, César Astudillo, por mantener —de acuerdo al marco legal— al Comandante General de la Policía Nacional. Lo acusan de ser “incapaz” de frenar la ola delictiva, en un triste papel que favorece a la izquierda radical, la cual busca interpelar y censurar al ministro.

Creer que en apenas 25 días se podía detener en seco el accionar de la delincuencia es ilusorio. Los esfuerzos de la Policía, liderada por el ministro Astudillo y el Comandante General Arriola, deben complementarse con reformas legislativas, control efectivo de las cárceles, un sistema de justicia más eficiente y otras medidas.

Los cambios en la estrategia contra el crimen ya se han iniciado. Es ingenuo exigir que se revelen públicamente, exponiéndolos ante los propios delincuentes. La presidenta Keiko Fujimori acaba de ser notificada: levantar banderas blancas y pedir diálogo a los enemigos del Perú es un camino errado.

La permanencia del general Astudillo en Corpac no solo es vital para la lucha contra el crimen; es condición imprescindible. Su censura sería una señal de debilidad que la izquierda aprovecharía para “derribar uno a uno” a los ministros. Eso no debe permitirse.