El miedo al sicariato y a la extorsión, principalmente en el área de Lima Metropolitana y el Callao, se han convertido en la noticia diaria del pueblo peruano. Las víctimas no solo son los choferes de transporte público, sino también los usuarios, ciudadanos que se dirigían a laborar o que simplemente retornaban a sus casas después de largas jornadas de trabajo diario.

Existe temor en denunciar estos hechos criminales y se dice que los establecimientos penales se habrían convertido en los espacios desde los cuales se dirigen y se coordinan estos delitos. El uso de armas de fuego ha sido el modus operandi predominante en estos hechos, sin embargo, los atentados hacia las unidades móviles del TP han ido en aumento mediante el uso de gasolina, provocando incendios que en minutos han calcinado estas herramientas de trabajo del sector transporte que les permite llevar un pan a sus familias.

Un sencillo análisis de los hechos ocurridos desde Enero de este año a la fecha determinaría que Lima y sus distritos del norte, además de Ate, San Juan de Miraflores y Villa  El Salvador sufren de estos ataques o atentados, perpetrados por delincuentes en moto lineal y con armas de fuego, que les exigen a los transportistas hasta 15 mil soles por unidad, quedando la interrogante ¿qué más se puede hacer? para acabar con esta ola de crímenes que solo trae dolor en las madres, esposas, hijos y hermanos que lloran desconsoladamente el asesinato o pérdida de un familiar querido, como el caso ocurrido el 17Mar26 en el distrito de San Juan de Miraflores en donde falleció el chofer y dos señoras pasajeras, cuyas familias exigen justicia.

Sin embargo, es preciso indicar que tanto el Poder Legislativo y el Ejecutivo han dado leyes fortaleciendo la lucha contra la criminalidad, como por ejemplo eximiendo de responsabilidad penal a los efectivos policiales que usan sus armas de forma legítima al enfrentar al delincuente, como también devolviendo a la Policía la función preliminar de investigar los delitos.

El Dec. Leg. 1735, publicado en febrero de este año, crea el sub sistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos (SEEDC), que a su vez articula a jueces, fiscales, policías y defensores públicos, en el que se considera un nuevo sistema penitenciario que permita el orden en el accionar de la justicia, estableciendo medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.

De igual modo, algunos candidatos a Presidentes de la República, así como a Diputados y Senadores, han manifestado sus planes de apoyo a la Policía Nacional, a fin de combatir la criminalidad como por ejemplo, un estricto control de las fronteras, control total de los penales, creación de comandos especiales que con el uso de la inteligencia operativa combatan la extorsión y el sicariato, recuperando las calles y los barrios.

Sabemos que el policía arriesga permanentemente su vida en defensa de la sociedad y sus ciudadanos, por lo que se hace necesario el reconocimiento a los servicios que prestan en el país,  en zonas alejadas donde se enfrentan a falta de medios logísticos  por lo que es necesario resolver temas de salud en el primer nivel,  de beneficios y pensiones que no pierdan su poder adquisitivo por culpa del aumento de los precios de la canasta básica familiar, el tema de la vivienda-Fovipol y otros que lo afectan directamente, solo así tendremos una Policía que tenga capacidad de pronta respuesta.

(*) Comandante PNP en retiro