Los últimos acontecimientos nos hacen ver que existe desorden político en las decisiones que toman aquellos que nos representan en el Estado, situación que afecta la labor policial en el combate contra la criminalidad nacional y transnacional al no tomarse en cuenta lo importante que es la seguridad para la Economía del país.
El 22Ene24 fue retirado del cargo el Comandante General de la Policía, el Tnte. Gral. PNP. Jorge Angulo Tejada, mediante la RS No.019-2024 que señala: “Se ha evidenciado negligencia muy grave en el control y comando de la institución policial, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; todo como consecuencia de la leve agresión sufrida por la Presidenta de la República el 20Ene24 en Ayacucho, por 2 mujeres, que demostraría claramente que el personal policial encargado de su seguridad no lo realizó con eficiencia, ni hubo la cantidad suficiente de efectivos en el citado evento; sin embargo pasados los días la Presidenta ha desistido de seguir con la demanda, algo que me parece muy correcto, que permitiría calmar las aguas.
El 23Ene24 sobre este asunto de agravio y relevo del COMGEN PNP se presentaron ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, que preside la Sra. Congresista Patricia Chirinos Venegas, los Ministros de Defensa y del Interior y en su alocución el primero señaló, entre otros puntos, que el Proyecto de Reglamento de la Ley 31826 relacionada con los Fondos de Vivienda Militar Policial fue remitido al Mininter en Nov-23, para su evaluación y firma, el mismo que hasta el momento no es devuelto a fin de dar cumplimiento con la Ley, que como todos conocemos entró en vigencia en Jul23, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano; hecho que también viene afectando al personal de las FFAA que pertenecen a los fondos de vivienda de la MAG, FAP y EP. que reclaman la devolución de sus aportes.
Al mismo tiempo, se conoció que el empresario secuestrado en la ciudad de Trujillo, Santos Guillermo Sánchez Vera, dedicado a la minería, fue hallado muerto y mutilado en Santiago de Chuco, unos días antes fueron encontradas, también asesinadas 2 personas, que le hacían el servicio de seguridad personal.
Este retardo e incumplimiento de la reglamentación de la Ley 31826, no hace más que corroborar que no se quiere cumplir con la Ley; como también no se hace desde el Ejecutivo y con la intervención del Legislativo una mayor coordinación entre bancadas, con el mejor esfuerzo para la confección de una iniciativa legislativa sobre Terrorismo Urbano, porque cada acto sanguinario que desarrolla cada día la delincuencia causa en la población zozobra, miedo y terror, finalidad de la criminalidad para facilitar la extorsión a pequeños empresarios, emprendedores y comerciantes y así captar ingentes sumas de dinero a nivel nacional.
Los días 24, 25 y 26Ene24 se produjeron a nivel nacional diversos asesinatos, entre los que se incluye el crimen de un Policía vestido de civil el SO3.PNP Brandon Roa Hurtado, quien recibió 5 impactos de bala dentro de su vehículo, en circunstancias que circulaba por la Cdra. 10 de la Av. Revolución, del Distrito de Comas, estos hechos nos señalan que los cambios en el Comando de la Policía Nacional deberán mejorar el accionar de la Policía, a fin de que se reduzcan los índices de criminalidad y las calles sean vías de paz, por las cuales transiten seguros los peruanos de bien.
Por eso la labor policial en la lucha contra el crimen debe estar sustentada en una norma que le permita fortalecer su actividad de combatir la criminalidad desde sus raíces, mañana será demasiado tarde.
(*) Comandante PNP en retiro y presidente de Anappomil Grupo Coraje
