El sábado 29 ha aparecido en El Peruano el Decreto Supremo Nº 131-2022 que prorroga el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.
En sus considerandos señala que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Luego añade que, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, un Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Estos considerandos sirven de justificación para que en el artículo 2 de la referida a norma, se prorrogue por 45 días la suspensión los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Esto constituye un grave atentado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos y no existe justificación alguna ya que no existen las condiciones expuestas en los considerandos. Es decir, perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Lo único que hay es un gobierno corrupto, incapaz y siniestro reduciendo los derechos de los ciudadanos para tener justificada cualquier acción de represión, persecución y/o censura de la oposición democrática.
En estos días sin mediar razón alguna los ciudadanos carecemos de libertad de reunión y de libertad y seguridad personales. Igualmente, en cualquier momento nuestros domicilios podrían ser violentados sin que tengamos la protección de la ley ni se respete derecho alguno a la intimidad y la libertad.
El gobierno viene renovando esta condición cada 45 días sin que nadie haga nada para evitarlo.
Es momento de reaccionar. De poner coto a estos abusos que de tanto repetirse se van volviendo costumbre. No podemos vivir al margen de la protección de las garantías constitucionales, no podemos entrar al juego de quienes quieren imponer a paso lento pero seguro una dictadura castrochavista en el país.
La hora de mostrar el más contundente rechazo al gobierno ha llegado. Ahora que vienen los comisionados de la progresista OEA a lavarle la cara al corrupto Castillo es momento de mostrar masivamente que los peruanos no queremos más corrupción ni imposiciones ideológicas.
Hay la convocatoria a una gran concentración que se ha llamado REACCIONA PERÚ. Es la gran oportunidad de afirmar nuestro compromiso con el Perú y la libertad.
