Mucho se ha especulado, desde el discurso ante el congreso de Pedro Castillo, acerca de la posibilidad de la creación de las rondas urbanas. Se trata de una idea que trasladaría la experiencia de los ronderos a las ciudades. Especialmente a Lima.
Los ronderos son parte de un esquema tradicional del campo, en las zonas andinas, que consiste en una suerte de custodios del orden generados por la comunidad y que además administran una suerte de elemental justicia. Persiguen detectan y sancionan muchas veces con castigos físicos a abigeos, ladrones, alborotadores del orden, mujeres y maridos infieles, etcétera.
Las sanciones que decretan van desde ejercicios físicos, ranas, planchas y otros, siempre bajo la vigilancia rondera y el acicate de un buen chicotazo, hasta auténticas golpizas y flagelaciones públicas.
En su momento estas rondas tuvieron la labor de proteger sus comunidades del terrorismo. Fue en los tiempos del presidente Fujimori. Luego han quedado reducidos a lo anteriormente mencionado.
La Constitución les da un reconocimiento que tiene su fundamento en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
En este convenio se han basado una serie de leyes que en el congreso de la república pasan y se aprueban en la Comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y medio ambiente, que en su mayoría representan un freno para el desarrollo económico del país y un deterioro de su identidad mestiza.
Sin duda la idea de traer las rondas de las zonas rurales a las urbanas es una barbaridad que sólo responde al intento de formar bandas paramilitares al servicio de un gobierno comunista de partido único. En Cuba, Nicaragua y Venezuela ya existen estos “colaboradores” de aquellos regímenes totalitarios y que en la práctica solo sirven para torturar, asesinar y reprimir a sus sojuzgados pueblos.
En el Perú debiéramos tener una visión de desarrollo y modernidad y abandonar esas costumbres atávicas más propias de bárbaros que de gente civilizada, promover una educación que lleve a los más lejanos pueblos la justicia y el orden social, la reeducación de los delincuentes y su resocialización, dejando de lado flagelaciones y machetazos. Pero Perú Libre y su gobierno de delincuentes, corruptos y terroristas quiere más bien expandir la barbarie.
Por su parte el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas (CONARC), Víctor Vallejos Tinoco, ha advertido que las rondas campesinas requieren un presupuesto de 10,600 millones de soles para combatir la inseguridad del país, esto mientras se reduce el presupuesto de la PNP.
Hay que dejar muy en claro que el Convenio 169 de la OIT apunta al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos indígenas, pero muchas veces lo que buscan las izquierdas es mantener a los pueblos en el atraso y el aislamiento porque esto les reporta beneficios políticos.
Según el Convenio de la OIT las comunidades indígenas deberán tener derecho a mantener sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, no tienen nada que hacer en las zonas urbanas, ni en la costa ni en la selva del Perú, donde no tienen ningún arraigo ni tradición.
