La corrupción ha representado un fenómeno persistente a lo largo de la historia de la humanidad desde tiempos ancestrales. La primera referencia documentada a prácticas corruptas aparece en el Antiguo Egipto, específicamente en el texto literario denominado «El Campesino Elocuente», redactado aproximadamente en 1850 a.C. durante el Reino Medio. Esta obra relata el caso de Khun-Anup, un campesino que fue víctima de un funcionario deshonesto, Nemtynakht. Ante esta situación, Khun-Anup presenta sus argumentos ante el intendente Rensi y, tras nueve solicitudes formales, logra que el Faraón restituya sus bienes y sancione al responsable del robo.

Aunque la historia tuvo lugar en una época anterior (dinastías IX o X) a su publicación, los papiros del Reino Medio que se han conservado ofrecen la evidencia más temprana de descripciones explícitas de corrupción dentro de relatos narrativos, abordando temas como la injusticia judicial, los sobornos y el abuso de poder. A su vez, el Código de Hammurabi, rey de Babilonia hacia el 1754 a.C., es el código legal más antiguo y mejor preservado que conocemos. Grabado en una estela de basalto de 2,4 metros, detalla 282 leyes basadas en la estricta ley del talión («ojo por ojo»), condenando claramente el soborno y la corrupción judicial, con el fin de regular aspectos cotidianos, comerciales y judiciales.

La corrupción, entendida como el uso indebido de una posición de autoridad o poder para obtener beneficios personales, debilita la confianza social en las instituciones y la democracia, y limita tanto el crecimiento económico como la calidad de vida. Actualmente, este problema causa importantes pérdidas económicas a nivel mundial. Según datos de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, la corrupción representa aproximadamente el 5% del PBI global. Si consideramos un PBI mundial estimado para 2024 de USD 111,3 billones (millones de millones), esto equivale a unos 5,5 billones de dólares; esta cifra incluye sobornos que superan el billón de dólares y otros actos ilícitos que desvían recursos vitales, fomentando la pobreza y la desigualdad, principalmente en los países con menores ingresos.

La corrupción en el Perú representa un problema estructural que impacta negativamente el desarrollo del país. De acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República, en 2021 la corrupción ocasionó un perjuicio económico de S/ 24.2 mil millones (~USD 8 mil millones USD, considerando un PBI al 2025 de ~300,000 millones USD), lo que equivale al 2.7% del producto bruto interno nacional. Este fenómeno se refleja en sobreprecios significativos en obras públicas, sobornos en procesos de licitación y desvíos de recursos que podrían haberse destinado a sectores clave como salud, educación o infraestructura.

El daño autoinfligido repercute de manera considerable en la inversión extranjera, ya que la inestabilidad política y la percepción de corrupción -aspecto que relegó a Perú al puesto 127 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional en 2024- desalientan a potenciales inversionistas debido al incremento de riesgos asociados con sobornos y conductas ilícitas. En opinión de analistas del Departamento de Estado de EE.UU., el flujo de inversión extranjera directa podría ser sustancialmente superior en ausencia de estos obstáculos, ya que la corrupción socava la confianza en las instituciones peruanas e inhibe su desarrollo económico.

Para abordar esta problemática, es necesario implementar estrategias innovadoras que superen las denominadas leyes simbólicas. En su obra de 2018, Nassim Nicholas Taleb sostiene que diversas disfunciones sociales se derivan de asimetrías en las que aquellos que toman decisiones imponen riesgos a terceros sin asumirlos personalmente. El principio fundamental de «skin in the game» plantea que la responsabilidad se incrementa cuando existe una exposición directa al fracaso; de lo contrario, las decisiones tienden a ser irresponsables y superficiales. Aplicado al contexto de la corrupción en el Perú, ello supondría reformas destinadas a eliminar la impunidad de funcionarios y políticos. Un ejemplo de esto sería la implementación de sueldos competitivos para los servidores públicos –con el objetivo de atraer personal idóneo–, pero ligados a mecanismos de recuperación de bonos («clawback») o confiscación automática de bienes adquiridos ilícitamente en caso de detectarse corrupción. Según Taleb, este enfoque opera como un filtro evolutivo o digamos Darwiniano: solo perduran sistemas en los que los líderes asumen riesgos personales, alineando incentivos con el interés público y desincentivando conductas indebidas. En el plano nacional, esto podría materializarse en normativas que exijan a candidatos a la presidencia, gobernaciones regionales y alcaldías la presentación de patrimonios auditados de manera independiente, estableciendo sanciones proporcionales al daño ocasionado, lo cual contribuiría a erradicar la impunidad de las élites involucradas en desvío de fondos públicos.

Algunos ejemplos internacionales confirman la eficacia de este método. Singapur, en los años 50 y 60, enfrentó altos niveles de corrupción similares a Perú. Con la creación de la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, sueldos competitivos y castigos severos, logró posicionarse entre los países menos corruptos y atraer inversiones sustanciales. Hong Kong, con la Comisión Independiente Contra la Corrupción desde 1974, implementó controles estrictos, investigaciones imparciales y sanciones contundentes, transformando su economía y reputación. El Perú necesita adoptar medidas firmes para combatir la corrupción y asegurar su desarrollo económico. Como advirtió Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.”

(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República