Existe en el Perú una asimetría moral tan evidente como injusta. Declararse antifascista o antinazi es, con razón, una credencial democrática. Quien lo hace defiende los derechos humanos, las libertades individuales y la memoria histórica. Pero quien se declara anticomunista suele enfrentar un juicio distinto: aparece rápidamente ela etiqueta de macartista, no para discutir sus argumentos, sino para descalificarlos. La paradoja merece atención: el antifascismo se considera virtud cívica; el anticomunismo, con frecuencia, sospecha ideológica.
Parte de esta asimetría tiene raíces históricas. En 1945 la Unión Soviética emergió como una de las potencias vencedoras y había sufrido las mayores pérdidas humanas entre los principales Aliados en la guerra contra la Alemania nazi. El prestigio adquirido por esa victoria contribuyó a que determinados sectores políticos e intelectuales occidentales relativizaran durante décadas los crímenes del régimen soviético. Esa influencia alcanzó también a Hispanoamérica. En el Perú, después del gobierno de las Fuerzas Armadas de 1968-1980 —especialmente de su primera fase velasquista—, lenguajes y categorías provenientes de la tradición marxista adquirieron amplia presencia en la cultura política y académica.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ofrece un punto especialmente relevante. La CVR concluye, con razón, que la causa inmediata y fundamental del terrorismo fue la decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada contra el Estado, en pleno proceso de restauración democrática. Usamos aquí deliberadamente “terrorismo” para describir las acciones específicas de Sendero Luminoso y del MRTA, reconociendo que “conflicto armado interno” es la categoría jurídicamente válida en el derecho internacional humanitario para caracterizar el enfrentamiento en su conjunto.
La CVR condena severamente la ideología fundamentalista de Sendero y vincula expresamente el Pensamiento Gonzalo con el marxismo-leninismo-maoísmo. Sin embargo, concentra esa condena en la formulación senderista y no la extiende al marxismo-leninismo como tradición política general. Esa distinción puede y debe discutirse, especialmente porque Sendero Luminoso y el MRTA se reclamaron de esa tradición.
No se trata de atribuir a todo marxista contemporáneo las posiciones de Marx o Lenin, pero tampoco de ignorar lo que dicen los textos fundacionales. Marx y Engels proclamaron en el Manifiesto Comunista que sus objetivos solo podían alcanzarse “derrocando por la violencia todo el orden social existente”. Lenin sostuvo en Lecciones de la Comuna que, en determinadas condiciones, la lucha de clases adopta la forma de guerra civil y puede exigir el exterminio de los enemigos en enfrentamientos armados. La tradición revolucionaria marxista-leninista contempló, por tanto, la violencia y la destrucción del orden político existente como medios legítimos de transformación.
La experiencia histórica posterior tampoco puede omitirse. Regímenes que se reclamaron marxista-leninistas —en la Unión Soviética, China, Camboya, Corea del Norte y otros países— produjeron decenas de millones de víctimas de represión, ejecuciones, deportaciones, campos de trabajo y hambrunas asociadas a políticas estatales. Es legítimo debatir cuánto de aquello deriva de la doctrina, de circunstancias históricas o de decisiones de sus gobernantes. Lo que resulta difícil es separar por completo esa experiencia de sistemas que legitimaron la violencia revolucionaria, la eliminación del adversario de clase y una extrema concentración del poder.
Precisamente por eso conviene aplicar una regla intelectual simétrica. Nadie debería exigir que un socialista democrático responda por Stalin, del mismo modo que ningún conservador democrático responde por Hitler o Mussolini. Pero sí es razonable preguntar a quien reivindica una tradición política qué elementos acepta y cuáles rechaza. Las ideas importan, y las democracias tienen derecho a examinar críticamente el linaje intelectual de todas ellas, no solo de algunas.
Otros países que padecieron regímenes comunistas han optado por una memoria más explícita. Desde 2025, la República Checa sanciona la promoción de movimientos nazis o comunistas que busquen suprimir derechos y libertades o incitar determinados odios. En diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional de Polonia declaró incompatibles con su orden constitucional los objetivos y actividades del Partido Comunista de Polonia. En Estados Unidos, Florida, Texas y Arkansas han aprobado normas que incorporan o amplían la enseñanza escolar sobre los regímenes comunistas, sus atrocidades y sus efectos sobre las libertades. Son respuestas distintas, discutibles en sus alcances, pero parten de una misma premisa: la memoria histórica no debe ser selectiva.
Ese es el punto central. Fascismo, nazismo y comunismo no son fenómenos idénticos y no necesitan serlo para ser sometidos al mismo estándar democrático: ninguna ideología que justifique la supresión de libertades, la violencia política o la eliminación de adversarios debe recibir indulgencia por razones de simpatía intelectual. Ser anticomunista no equivale a ser macartista, como ser antifascista no convierte a nadie en extremista. La coherencia democrática exige condenar el totalitarismo sin escoger qué cadáveres recordar. Mientras mantengamos una memoria para unos y otra para otros, nuestra democracia seguirá mirando la historia con un ojo vendado o con un ojo que llora.
(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
(**) Biólogo molecular y excongresista de la República.
