Hace pocas semanas, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocuparon la Ciudad Universitaria para rechazar un proyecto de ley del Congreso que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas. El método de protesta es repudiable. No obstante, la iniciativa legislativa, asociada por muchos a la actual rectora cuyo mandato concluye en julio, desató protestas masivas al ser vista como un intento de perpetuar un sistema viciado.

Las autoridades de las universidades públicas (es decir, nacionales o estatales) no son elegidas mediante concursos abiertos y meritocráticos, sino por asambleas universitarias (con una composición ad hoc que incluye el tercio estudiantil) en las que suelen prevalecer las alianzas políticas, el clientelismo estudiantil y la popularidad -o ventajas ofrecidas- sobre los méritos académicos. Este sistema, lejos de promover la excelencia, refuerza la endogamia y la resistencia al cambio. Lo ocurrido en San Marcos no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de un problema estructural que el Perú arrastra desde hace más de dos siglos.

Desde 1821, la universidad peruana ha sido un problema pendiente. Mientras a comienzos del siglo XIX Wilhelm von Humboldt impulsaba en Alemania un modelo universitario que integraba docencia e investigación de alto nivel y hacía de la universidad un pilar de la identidad nacional moderna y del desarrollo científico, el Perú siguió ese camino con dos siglos de retraso. Recién en 2014, con la Ley Universitaria 30220, se intentó formalizar un modelo semejante. Para entonces, el daño ya estaba hecho: nuestras universidades nunca llegaron a ser verdaderas “repúblicas de académicos” ni formaron “académicos de la República”, es decir, intelectuales capaces de ofrecer al Estado y a la nación soluciones fundadas en momentos de crisis.

En nuestras universidades, en cambio, ha predominado una mirada retrospectiva, centrada en la reinterpretación constante de la historia y desconectada de las urgencias del presente. Mientras Alemania y otros países industrializados consolidaron su sentido de nación desde la universidad, el Perú mantiene profundas fracturas regionales y una débil adhesión colectiva a un proyecto moderno de país. La universidad no ha impulsado esa identidad común ni ha contribuido de forma decisiva a enfrentar las grandes crisis nacionales.

Nuestras universidades han optado por permanecer como islas de marfil, protegidas por una autonomía mal entendida que, en la práctica, ha servido con frecuencia para resistir el cambio y evitar la rendición de cuentas. Este aislamiento se profundiza con la endogamia académica: la tendencia a contratar y promover casi exclusivamente a sus propios egresados. El resultado es previsible: ideas repetidas, escasa incorporación de talento externo joven, pérdida de creatividad y perpetuación de la mediocridad. En su mayoría, las universidades peruanas no han consolidado las tres misiones de una universidad moderna: docencia de calidad, investigación relevante y vinculación activa con la sociedad, la industria y el desarrollo regional. Esta última, que en otros países se expresa en transferencia tecnológica, incubadoras, emprendimiento académico y aporte al entorno económico, sigue siendo casi inexistente en la mayoría de nuestras casas de estudio.

El problema se agrava al revisar la respuesta política a la demanda de mayor acceso a la educación superior. El Perú cuenta hoy con 105 universidades licenciadas y 43 con licencia denegada; de las licenciadas, 53 son públicas. Sin embargo, en lugar de fortalecer los recursos humanos y técnicos de las instituciones existentes o crear sedes descentralizadas de universidades ya consolidadas, se ha optado por multiplicar el número de entidades universitarias. En los últimos cinco años, el Congreso ha aprobado -o elevado de categoría desde institutos técnicos- cerca de un centenar de nuevas universidades públicas que no están en condiciones de solicitar su licenciamiento. Casi todas fueron creadas sin una evaluación seria de viabilidad o potencial, sin presupuestos adecuados y sin garantías mínimas de calidad.

El patrón se repite: proyectos de ley casi idénticos, modificados apenas en el nombre y la región, se aprueban con escaso debate mediante mayorías parlamentarias armadas vía negociación política y terminan convertidos en normas destinadas a satisfacer clientelas regionales o electorales. Aunque varias iniciativas fueron observadas por el Ejecutivo, alrededor de medio centenar logró sobrevivir. El resultado es un sistema, sobredimensionado ahora con nuevas instituciones de baja calidad, que otorga títulos sin asegurar una formación sólida. Esta dinámica produce lo que podríamos llamar “idiotas ilustrados”: personas con credenciales universitarias -a menudo obtenidas en maestrías o doctorados de bajo rigor, virtuales o de fin de semana- pero sin las competencias reales, el pensamiento crítico ni las habilidades que exige un mundo globalizado.

Este sistema universitario privilegia el número de egresados y la entrega de títulos por encima de la calidad del conocimiento. Mientras ninguna universidad peruana aparece entre las mil mejores del mundo en rankings internacionales exigentes, seguimos expandiendo un modelo que reproduce la mediocridad en vez de concentrar recursos en las instituciones con verdadero potencial de excelencia. El diagnóstico es claro y ampliamente compartido por quienes han estudiado el tema con rigor: la universidad peruana no ha cumplido el papel que le corresponde en la construcción de un país más desarrollado, cohesionado e innovador. Ha sobrevivido más por inercia, y por la protección de su autonomía conferida por la Constitución Política, que por méritos demostrados.

Sin embargo, no estamos condenados a repetir indefinidamente este fracaso. El debate se ha abierto con fuerza en los últimos años. Existe ya un diagnóstico compartido sobre las reformas necesarias: reemplazar las asambleas electorales por directorios independientes con representación plural y mandatos escalonados; seleccionar autoridades y docentes mediante concursos públicos nacionales e internacionales; exigir maestrías y doctorados reales y presenciales como requisito mínimo para la docencia; distinguir claramente las cargas de enseñanza e investigación; fomentar la contratación de profesores extranjeros; impulsar la enseñanza en inglés en las áreas clave; y crear mecanismos reales de internacionalización, incluyendo campus de universidades extranjeras de prestigio.

El Perú cuenta con talento, recursos y, sobre todo, tiene una urgencia impostergable. Necesita universidades capaces de formar capital humano de primer nivel, generar conocimiento útil y vincularse activamente con la sociedad y la economía. Esto no es un lujo académico, sino una condición de supervivencia para competir como nación en el siglo XXI. El problema de la universidad peruana está diagnosticado desde hace décadas; lo que falta es voluntad política sostenida y suficiente presión ciudadana para aplicar, de una vez, las reformas estructurales necesarias. Ese momento puede y debe llegar. Depende de nosotros dejar de administrar el fracaso y empezar, por fin, a construir el futuro.

(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República​