Según Thomas Sowell, los intelectuales son quienes producen ideas: escritores, académicos y columnistas de opinión. Su producto final no son políticas públicas, puentes, vacunas ni empresas exitosas, sino ideas intangibles. Por ello, se les evalúa sobre todo por el consenso de sus pares o por la fuerza persuasiva de sus planteamientos, más que por sus efectos concretos en la realidad. Como señalaba Hayek -y recoge Sowell-, muchos operan como “comerciantes de segunda mano de ideas”: toman ideas previas, las analizan, reformulan, empaquetan y difunden sin asumir responsabilidad por su aplicación. Esta definición no es peyorativa, sino un diagnóstico útil: el intelectual posee su capital en el discurso y enfrenta la tentación permanente de extender esa autoridad más allá de su campo de competencia.

En el Perú reciente, esa figura ha cambiado. Durante buena parte del siglo XX y hasta los años noventa, los intelectuales -de Basadre a Vargas Llosa, pasando por Mariátegui, Haya de la Torre y los ensayistas liberales o marxistas de las universidades- aún actuaban dentro de instituciones con cierto prestigio: la universidad, alguna revista cultural o el diario de referencia convertido en trinchera. Podían ser dogmáticos y sectarios, pero existían un mínimo escrutinio editorial, cierto debate público y una aspiración a conservar vigencia. La confianza institucional, aunque imperfecta, descansaba en la idea de que esas voces habían sido examinadas, filtradas y legitimadas por algún proceso colectivo, casi como ocurre con la revisión por pares en el ámbito académico.

Hoy, la confianza se ha desplazado hacia las redes y los medios fragmentados. El resultado es una clase intelectual a menudo tribal y moralizante, definida más por lo que combate u odia que por lo que construye. Así, el “caviarismo” y el “antifujimorismo” se volvieron identidades más fuertes que cualquier partido o plan de gobierno. Muchos intelectuales públicos actúan como activistas con credenciales: priorizan la señalización moral, reparten culpas y carnés de demócrata, ajustan cuentas con la historia y defienden sin fisuras a su tribu. Si alguien se aparta del guión -aunque aporte datos sólidos o matices-, la respuesta suele ser el insulto, la cancelación o el silencio previo al destierro. Escasean la generosidad de espíritu y la disposición a reconocer virtudes en el adversario. No sorprende, entonces, que este control ideológico empobrezca el debate de ideas. Así, hoy abundan las columnas de indignación y escasean las que buscan comprender de verdad a la sociedad peruana actual.

Dos artículos recientes de Carlos Meléndez en El Comercio ilustran bien el problema. En “El día de la marmota”, él distingue con rigor dos formas de entender las elecciones: la estructural, basada en fracturas de clase, territorio y Estado que anticipan divisiones casi mecánicas; y la de agencia, centrada en la capacidad de los actores para modificar esas estructuras mediante narrativas y decisiones. En “Historiadores sin futuro”, examina el temor progresista a que un gobierno de Keiko Fujimori “reescriba la historia”. Sostiene que ese miedo deriva del propio ‘framing’ antifujimorista de la campaña, que presentó la elección no como una disputa entre proyectos de gobierno, sino como un voto “con memoria” contra los herederos de los años noventa. Así, la derrota del progresismo fue leída como el inicio de “tiempos oscuros”. Meléndez añadía que el fujimorismo no necesita construir un relato alternativo para intensificar la polarización. La reacción de buena parte de la “clase intelectual” no fue un contraargumento sólido sobre fuentes, datos o lógica, sino, muchas veces, una serie de ataques ad hominem e ideológicos: se le acusó de relativizar, de hacerle el juego al fujimorismo y de traicionar una memoria considerada sagrada. Se buscó menos refutar ideas que proteger un relato identitario. Ese patrón -convertir al analista en enemigo cuando no confirma la narrativa del clan- revela una debilidad de fondo: se ha perdido el sentido de responsabilidad fiduciaria hacia la verdad. El intelectual actúa más como fiscal de su tribu que como alguien obligado a rendir cuentas al público que lo lee.

Sobran razones para exigir un nuevo tipo de intelectual, cercano a lo que Aaron Renn llama los “New Trustees”: personas que asumen individualmente los estándares de rigor, honestidad y espíritu público que antes se atribuían a las instituciones. Deben buscar la verdad con compromiso genuino, reconocer sus errores y no ocultar sus lealtades. También deben ofrecer marcos constructivos -no solo denuncias- frente a problemas concretos como la informalidad, la debilidad estatal, la crisis juvenil, la desconfianza institucional, la educación o la cultura de la violencia. Su seriedad moral no debe convertirse en moralismo: los asuntos públicos deben tratarse como problemas de alto costo humano, no como ocasiones para sermonear o repartir culpas. Deben tener el coraje de incomodar a su propio círculo cuando los datos lo exijan, sin adular a su audiencia ni vivir de la polarización. Deben cultivar generosidad de espíritu, mesura y, sobre todo, definirse por lo que proponen, no por aquello a lo que se oponen. Admitamos, además, que el Perú no es una isla: su crisis de confianza en las élites y la ausencia persistente de un destino compartido son expresiones locales de problemas más amplios. El país atraviesa una transición en la que las instituciones tradicionales ya no generan confianza y las nuevas aún no terminan de consolidarse.

En ese interregno, los intelectuales se vuelven apoyos improvisados, pero necesarios. Si siguen actuando como activistas encubiertos o guardianes pseudo socráticos de narrativas tribales, agravarán la fragmentación. Pero si asumen el papel de fiduciarios de la verdad -analíticos, constructivos, valientes y generosos-, pueden contribuir a crear el mínimo de comprensión común que toda sociedad necesita para no repetir indefinidamente su propio día de la marmota. El Perú no requiere más voceros de tribu; necesita intelectuales que tomen en serio la responsabilidad que el público les ha delegado ante la falta de instituciones confiables.

(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

(**) Biólogo molecular y excongresista de la República.