En su ensayo Verdad y política (1967), Hannah Arendt nos legó una advertencia que hoy parece escrita pensando en el Perú: la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la verdad de los hechos y no se la confunda con meras posturas ideológicas. Siguiendo a Arendt, diríamos que una democracia puede sobrevivir al debate encarnizado sobre qué hacer con los problemas que la aquejan, pero entra en fase terminal cuando sus ciudadanos ya no son capaces siquiera de ponerse de acuerdo en cuáles son esos problemas.

En el ecosistema político peruano, la mentira ha dejado de ser el clásico engaño puntual y malicioso del político tradicional que busca ocultar un error. En el Perú actual, demasiados datos objetivos —desde los índices de criminalidad y las cifras económicas hasta los hallazgos fiscales de corrupción— son interpretados como ataques o defensas partidarias. Ya no hay hechos duros; hay «percepciones de bando». Cuando el Congreso, la fiscalía o la prensa exponen una realidad incómoda, la respuesta de los actores políticos, de cualquier signo, no es la refutación con pruebas, sino la descalificación absoluta del emisor, fragmentando el espacio público en archipiélagos informativos donde cada tribu consume su propia posverdad.

A esta degradación de la verdad fáctica se suma un fenómeno analizado por Harry Frankfurt en su ensayo On Bullshit (1986): el auge del charlatán político. Frankfurt hacía una distinción crucial: el mentiroso tradicional necesita conocer la verdad para poder ocultarla deliberadamente; le tiene, en el fondo, un respeto perverso al dato real porque sabe que este existe. En cambio, el bullshitter o político charlatán opera bajo una lógica mucho más destructiva. Al político charlatán no le importa si lo que dice es verdadero o falso; le da exactamente igual. Su único objetivo es conectar emocionalmente con su audiencia, explotar una identidad o un agravio compartido y acumular poder a través de un discurso ruidoso pero vacío, simplista y carente de rigor fáctico.

En el Perú actual, la charlatanería encuentra espacio en el Parlamento, los gobiernos regionales y los estudios de televisión. No es patrimonio de ningún partido ni de una ideología: atraviesa todo el espectro político. Sus exponentes pueden desconocer las leyes, la economía o los datos elementales de la gestión pública, pero dominan el arte de la gesticulación, el puño alzado y el eslogan. Al político charlatán no le interesa la viabilidad técnica de una ley o el impacto real de una política de seguridad; le interesa lo viral del video o la foto para redes sociales y la adhesión ciega de su ocasional tribu. Frankfurt concluía que la charlatanería es un enemigo de la verdad más peligroso que la mentira. Para una democracia, esa diferencia es crucial: el mentiroso sigue reconociendo la existencia de una verdad que intenta falsear, mientras que el político charlatán destruye las reglas del juego mismo. El político charlatán acostumbra a la ciudadanía a que la verdad ya no importa en absoluto, solo la intensidad del grito y el color del bando.

La experiencia europea contemporánea ofrece una advertencia: en varios países, el avance de fuerzas políticas extremistas ha coincidido con una erosión de la confianza institucional y con entornos digitales que premian la indignación y el bullshit o charlatanería por encima de la evidencia. Cuando el ciudadano promedio es bombardeado por discursos que le dicen que «todo está arreglado», que «las instituciones están totalmente podridas» y que «los medios siempre mienten», el resultado no es que empiece a creer en una mentira en particular. El verdadero peligro, como apuntaba Arendt, es que el público pierde la capacidad de juzgar y cae en un cinismo absoluto. En ese estado de orfandad fáctica y desconfianza generalizada, los extremos del espectro político y los charlatanes prosperan no porque convenzan a las mayorías con argumentos racionales, sino porque ofrecen certezas dogmáticas frente al caos de una realidad que por momentos parece incomprensible.

Si la campaña de 2026 ya estuvo marcada por la polarización y la desconfianza, cabe preguntarse qué podría ocurrir en 2031 si continúa la erosión de la verdad fáctica. No asistiríamos a una competencia democrática entre opciones programáticas, radicales o reformistas, que discutan sobre gestión pública, salud, educación, inversión o seguridad a partir de diagnósticos compartidos. El centro político, o lo poco que queda de él, debilitado por su incapacidad para sostener un relato creíble, podría haber desaparecido por completo. Votaríamos entonces despojados de esperanza y secuestrados por el miedo, obligados a elegir entre dos radicalismos —opuestos o, peor aún, dos variantes del mismo extremo— encabezados por políticos charlatanes antisistema, quienes prometerían gobernar mediante la negación absoluta de la complejidad de la realidad. Para entonces, el voto ya no sería un ejercicio de libertad política, sino un acto de trinchera ideológica para evitar que el «enemigo existencial» tome el poder.

Defender la verdad fáctica no es un capricho tecnocrático ni un lujo intelectual de las élites; es la condición mínima que hace posible la libertad y la convivencia democrática. Los datos verificables y los hechos históricos constituyen el patrimonio común que nos protege a todos contra la manipulación autoritaria. Recuperar el juicio crítico y rechazar frontalmente la charlatanería que trivializa el debate público es una tarea de supervivencia republicana.

Si el Perú llega al 2031 fracturado en realidades paralelas irreconciliables, la polarización extrema ya no será una amenaza coyuntural, sino nuestro único lenguaje político. En ese escenario, la promesa de una Asamblea Constituyente podría presentarse, una vez más, como solución mágica a problemas que ninguna Constitución puede resolver por sí sola. Cuando los hechos dejan de importar, hasta el desmantelamiento de las instituciones democráticas puede ofrecerse como una forma de salvación nacional.

(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

(**) Biólogo molecular y excongresista de la República.