Evo Morales es un político extremista, aliado de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba; y, a la vez, un depredador sexual, procesado por estupro ante los tribunales de justicia de su país.
Cuando estuvo asilado en Argentina, protegido por el kirchenista Alberto Fernández, hoy enjuiciado por golpear a su esposa y actos de corrupción, la prestigiada fundación “Apolo” lo denunció penalmente “por trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores”, agregando que en su estadía entre el 2019-2020 convivió con “menores de edad trasladadas desde Bolivia para hacer labores domésticas”.
La querella se apoya, entre otros testimonios, en palabras de la dirigente de la Comisión de Mujeres Interculturales del país altiplánico, Angélica Ponce, quien afirmó que Morales recibía “niñas como obsequio de los que deseaban obtener favores gubernamentales”, agregando que esos hechos eran “ampliamente conocidos en círculos cercanos al ex mandatario”.
Por su parte, el diario “El Debate” consigna que el jefe de seguridad de Morales informó que las menores eran recolectadas “en los programas de danzas folclóricas y entre las jugadoras de fútbol femenino”, trasladándolas a la Casa Presidencial, donde las embriagaban.
En ese sórdido contexto, recordemos que el periodista Alfonso Rodríguez publicó un libro reproduciendo algunas de sus ofensivas frases, como decir: “Mujeres ardientes, Evo presidente”, “cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en su barriga dice Evo Cumple” o “mujeres aguanten, Evo no se cansa”.
Ahora que la fiscalía boliviana ha iniciado una investigación por abuso sexual de infantes, el líder cocalero se victimiza diciendo que se trata de una maniobra del presidente Arce, del imperialismo y de la extrema derecha.
Para presionar a los magistrados organizó una marcha de los llamados “ponchos rojos”, turba que recorrió 200 kilómetros durante 7 días, desde Oruro a La Paz, exigiendo anular el proceso judicial.
Bloquearon carreteras para impedir el ingreso de alimentos, combustibles y mercaderías a las ciudades, una práctica usual de ese grupo sedicioso, que así logró la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el acceso al poder de Evo Morales.
Esta vez los insurrectos han atacado cuarteles militares y policiales, reteniendo numerosos soldados, acto calificado por el gobierno como traición a la patria y repudiado por las Fuerzas Armadas y la Policía del altiplano.
Evo también pretende que lo habiliten a volver a postular, a sabiendas que no puede hacerlo porque dos sentencias del Tribunal Constitucional establecen que ningún político puede ejercer la primera magistratura más de dos veces, en forma continua o espaciada y Morales ha tenido tres mandatos.
El primero, del 2006 al 2010; luego, del 2010 al 2015; después, del 2015 al 2020 y buscó un cuarto periodo, del 2020 al 2025, organizando un gigantesco fraude electoral denunciado por la OEA y la Unión Europea, maniobra que provocó violentas manifestaciones de protesta que lo llevaron a asilarse en México.
Su frustración por no poder postular lo ha conducido al odio contra el presidente Arce, su ex ministro de Economía, a quien ponderaba por el manejo de los yacimientos gasíferos, pero como no invirtieron en mantenimiento ni en nuevas exploraciones la bonanza terminó.
Los ingresos de US$ 6,624 se redujeron a US$ 1,905 y las reservas del Banco Central cayeron de US$ 15,600 a US$ 1,800; sin duda, un verdadero desastre, agravado porque no hay combustible en los grifos y escasean productos de primera necesidad e insumos para la producción.
Arce y Evo han degradado la política boliviana, inculpándose de corrupción y narcotráfico, además de enfrentarse por la membresía del Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, hay tres temas que unen a estos siniestros personajes: su adhesión al Socialismo del Siglo XXI, el apoyo incondicional a la invasión rusa a Ucrania y ser enemigos de Estados Unidos.
Es decir, son dos sujetos extremistas que ahora se pelean a dentelladas y cuchillo para seguir destruyendo su patria.
