Hace 205 años, el 3 de agosto de 1821, a los seis días de la proclamación de nuestra independencia, el Libertador José de San Martín constituyó las bases formativas del gobierno republicano, creando las secretarías de Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda, nominadas ministerios a partir de 1823.
Desde esa época, el trabajo de la Cancillería ha sido determinante para afirmar la identidad nacional y resguardar los intereses permanentes de la nación.
Un tema sobre el que conversé con el padre de mi esposa, el embajador José Luis de Cossío y Ruiz de Somocurcio, quien contaba con vasta experiencia profesional porque había servido en Estados Unidos, China, Japón, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Bulgaria y El Vaticano. Recuerdo especialmente este último puesto porque fue inolvidable en su vida profesional y familiar, por su fervoroso catolicismo. El cargo le permitió acceder al Papa Paulo VI –hoy consagrado Santo–, al secretario de Estado de la Santa Sede –el cardenal francés Jean Marie Vilot, y a su reemplazante, el cardenal Italiano Agostino Casaroli. Un periodo en el que fue canonizado San Juan Macías, uno de los cinco santos peruanos.
Lo rememoro en este aniversario porque su mayor preocupación, al igual que de un personaje admirable e inolvidable como el embajador Felipe Valdivieso Belaunde, viceministro y secretario general de RR.EE. y de todo el cuerpo de la Cancillería, en actividad o retiro, era luchar para que se anulara la inconstitucional y vejatoria destitución de 117 diplomáticos, ocurrida el 29 de diciembre de 1992.
Tenía en consideración esos apremiantes y justos reclamos cuando asumí la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el año 2001.
A los tres meses de ejercer el cargo, en efecto, después de coordinar con todas las bancadas, aprobamos un dictamen multipartidario para reincorporar a los funcionarios cesados, agregando a su tiempo de servicio el lapso en que estuvieron separados, para después autorizar un ascenso extraordinario.
Después de largos años de infructuosos reclamos y protestas, el 31 de octubre del 2001 el Congreso de la República aprobó la propuesta con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y el Poder Ejecutivo promulgó la correspondiente Ley N° 27550. Se había logrado, así, una tardía pero necesaria reivindicación; como también, en su momento, ocurrió con los magistrados depuestos del Tribunal Constitucional y con oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales pasados al retiro por consideraciones extra institucionales.
Avanzamos más en esa línea democrática, construyendo candados para que el servicio constituya una barrera de contención externa a regímenes de facto, sancionando una norma que después fue replicada en la Ley del Servicio Diplomático N° 28091, del 29 de octubre del 2011, que en su capítulo XII, artículo 69, consagra la cláusula democrática con el texto siguiente: «Los Jefes de Misión en embajadas, consulados, representaciones ante organismos internacionales o cualquier representación del Estado en el exterior, deberán presentar su inmediata renuncia en caso se constituya un Gobierno usurpador». De esa manera, se envía una señal clara a los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales en el sentido de que la primera línea de nuestros diplomáticos se repliega en señal de rechazo a servir a un régimen de facto.
Ciertamente no fueron los únicos progresos. Otra iniciativa trascendente fue hacer posible que la Academia Diplomática goce de los mismos deberes y derechos que las universidades, para otorgar grados y títulos de diplomáticos de carrera, y en el grado académico de Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Un proyecto que se convirtió en la Ley N° 28598, fechado el 14 de agosto del 2005.
De esa manera, ese centro académico dejaba de ser un organismo secundario y dependiente de las universidades, logro por el cual tuve el honor de ser distinguido con el rango honorífico de Profesor Emérito de la Academia Diplomática del Perú, que agradecí a nombre de todos los legisladores que nos comprometimos en ese objetivo.
Cierro estas reflexiones recordando que gracias al trabajo conjunto, coordinado y concertador del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Congreso, se hizo realidad la feliz iniciativa del presidente García de presentar la demanda peruana a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia que nos permitió ganar 50 mil kilómetros cuadrados de mar.
La lección que dejan estos hechos es que solo a través de la unidad nacional y del esfuerzo conjunto de todas las instituciones, afirmada en principios y valores democráticos, y con un irrevocable respeto a la Constitución y las leyes, nuestro servicio exterior es una de las vigas maestras del Perú.