El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, amigo del Perú, es un político demócrata que enfrenta con valor a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como al crimen organizado.
López Obrador, en cambio, es enemigo del Perú, e intervino grave y sistemáticamente en asuntos de competencia interna de nuestro país, llegando al extremo de negarse a transferir la sede de la
Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico como represalia por la destitución del golpista y corrupto Pedro Castillo, protegido suyo, a quien reconoció como «presidente legítimo», arguyendo el disparate que fue destituido ilegalmente por ser un maestro pobre de provincia.
Además, el mandatario mexicano es protector de las dictaduras de la región y ha concedido asilo a una veintena de personajes de izquierda implicados en actos ilegales.
Pero, por encima de los personajes, están los principios que regulan la relación respetuosa y pacífica entre los gobiernos.
Así como México no debió otorgar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Blas, condenado a 8 años de cárcel por corrupto, porque lo prohíbe expresamente el artículo III de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, aprobada el 28 de marzo de 1954; el gobierno del Ecuador no debió asaltar con policías la embajada mexicana en Quito, porque el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada el 18 de abril de 1961, precisa que «los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor (Ecuador) no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión», agregando que «El Estado receptor tiene la misión especial de tomar las medidas más adecuadas para proteger los locales de la misión contra la intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad».
Ante esta grave crisis entre las Repúblicas del Ecuador y México, que socava principios rectores del derecho internacional y afecta la estabilidad política del hemisferio,
el Consejo Permanente de la OEA debe reunirse de urgencia para lograr, a través de la mediación o los buenos oficios de terceros, un acuerdo bilateral que supere el impase diplomático.
No realizar esa reunión ahondará una crisis de grandes proporciones y proyectará la ineficacia burocrática del mayor organismo del sistema interamericano, bastante desprestigiado por su inoperancia y decrepitud diplomática.
Mas aún, este asunto será abordado en las Naciones Unidas y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que implica un largo debate entre las partes antes de que los magistrados emitan una sentencia vinculante.
