En cinco meses culminará el mandato presidencial de Manuel López Obrador, personaje siniestro, mitómano y psicópata. Además, de furibundo enemigo del Perú y protector de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero, antes de irse, ha lanzado un nuevo zarpazo a nuestro país, exigiendo a los peruanos visa para viajar a México, con el pretexto de que utilizamos su territorio para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
Las estadísticas, sin embargo, demuestran la mentira. El Reporte Anual del año 2023 de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, sobre migrantes identificados en su frontera con México, registra que pasaron 717,333 mexicanos; 266,071 venezolanos; 220,085 guatemaltecos; 213,000 hondureños;159,636 colombianos;142,352 cubanos; 116,536 ecuatorianos; 99,496 nicaragüenses; 76,130 haitianos y 75,719 peruanos.
Como es fácil apreciar, Guatemala, Colombia y Cuba tienen más ingresos a México –con dirección a Norteamérica– que nuestro país; pero no les exigen visa, lo que demuestra la direccionalidad política del régimen. O como sostuvo el analista y diplomático azteca Ricardo Pascoe, “López Obrador aplica una política exterior selectiva, ideologizada y confrontacional. Perdió rápidamente un lugar de país componedor de conflictos y transitó a ser un país generador de conflictos, disensos y disrupciones” (El Heraldo,7/4/2024).
En agosto del 2022, el escritor Luis Estrada, director del Centro de Análisis Spin, presentó en el senado mexicano el libro “El imperio de los otros datos: tres años de falsedades, inexactitudes y mentiras”. En ese foro, el autor reveló que hasta esa fecha López Obrador había dicho 67,000 mentiras y dado 86,000 respuestas falsas, engañosas o difíciles de comprobar. Un verdadero récord, que todavía no incluía los numerosos disparates e infundios sobre nuestro país.
Antes de culminar su mandato ha abierto otro conflicto, esta vez con Ecuador, al sostener que un “candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba segundo sube”. La perversa alusión fue a Fernando Villavicencio, ultimado por sicarios; quien cae, de acuerdo a su libreto, es la correista Luisa González y quien se beneficia es Daniel Noboa, ganador de las elecciones.
La respuesta de los demócratas ecuatorianos fue fulminante. Entre otras, la declaración de la hija de Villavicencio, quien indignada respondió a López Obrador diciendo “lávate la boca antes de hablar de mi padre, que lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos están asilados en sus embajadas y en tu país. Que poca madre tienes para dar estas declaraciones tan mediocres e inhumanas”.
En ese enturbiado escenario, México concedió asilo político a Jorge Blas, ex vicepresidente del Ecuador, condenado a ocho años de cárcel por corrupción. López Obrador y su canciller, Alicia Bárcenas, concedieron este beneficio a sabiendas que el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 precisa que “no es lícito” otorgar asilo a personas “condenadas por delitos comunes”.
Fue, sin duda, un acto de irresponsable e innoble provocación, que sólo fue celebrado por Nicolás Maduro y Daniel Ortega. El gobierno de Noboa, empero, reaccionó ordenando que la policía ingrese a la embajada mexicana y, al hacerlo, violó flagrantemente el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que textualmente dice: “los locales de la misión son inviolables. Los agentes del estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.
Este tema será debatido por el Consejo Permanente de la OEA, integrado por el cuerpo de embajadores acreditados en Washington, que seguramente interpondrán sus buenos oficios para que amaine la tempestad. Y, más adelante, será la Corte Internacional de Justicia de La Haya la que resolverá jurisdiccionalmente este controvertido litigio.
