En el contexto reciente del proceso electoral peruano, han surgido cuestionamientos públicos, denuncias de presuntas irregularidades y debates sobre la transparencia del sistema, lo que ha reactivado una preocupación de fondo: la fragilidad institucional del sistema electoral y la necesidad de fortalecer sus mecanismos de integridad, control y verificación. Estas circunstancias generan un escenario de alta sensibilidad democrática, especialmente en un país que se aproxima a una segunda vuelta electoral para la elección de su próximo presidente. En este punto crítico, la preocupación no se limita únicamente a quién será elegido en las urnas, sino a la necesidad de garantizar que el resultado refleje de manera plena, transparente y verificable la voluntad soberana de la ciudadanía.

Precisamente sobre esta problemática advertí a inicios de 2025 en la investigación “La Contrainteligencia y la Seguridad Nacional en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050”, donde expuse diversas amenazas y riesgos estratégicos aún no plenamente dimensionados por el Estado, entre ellos la vulnerabilidad del sistema electoral y su impacto directo sobre la soberanía, la gobernabilidad democrática y la seguridad nacional. El Perú atraviesa una etapa de inestabilidad política, crisis institucional y debilitamiento de la confianza ciudadana. En este contexto, diversos Activos Críticos Nacionales han sido afectados en los últimos años por protestas violentas, bloqueos y actos de sabotaje, evidenciando la fragilidad del Estado para proteger infraestructuras esenciales. A ello se suma un entorno de amenazas híbridas donde la seguridad ya no es solo física, sino también digital, informacional e institucional. Sin embargo, existe una omisión estructural grave: el sistema electoral no está formalmente reconocido como un Activo Crítico Nacional. Esta debilidad constituye un error estratégico de alto riesgo. Países como Estados Unidos consideran sus sistemas electorales como infraestructura crítica, debido a que cualquier interferencia puede comprometer la legitimidad del Estado y alterar la voluntad soberana del pueblo.

Las amenazas actuales no son teóricas. Son reales, activas y multifactoriales. Incluyen ciberataques contra bases de datos, manipulación de sistemas de resultados, campañas masivas de desinformación, infiltración institucional y operaciones de influencia extranjera. Sin embargo, el riesgo más grave no es tecnológico, sino humano: la captura del sistema desde dentro. Funcionarios y operadores electorales pueden ser objeto de presión directa mediante amenazas contra su vida, la de sus familias, su estabilidad económica o su vida privada. También pueden ser cooptados mediante corrupción, extorsión o chantaje, o incluso influenciados por lealtades ideológicas contrarias al orden democrático. Esta combinación convierte al sistema electoral en un objetivo altamente vulnerable.

El peligro es estructural. No se trata solo de alterar un resultado electoral, sino de distorsionar la voluntad popular a gran escala. Un sistema vulnerable permite que actores criminales, redes transnacionales o intereses estatales adversarios influyan en procesos electorales y logren posicionar autoridades funcionales a objetivos ajenos al interés nacional. En el peor de los escenarios, el Perú podría enfrentar una forma de captura política gubernamental, donde decisiones estratégicas de Estado sean condicionadas o dictadas por intereses externos. Esto no solo debilitaría la democracia: comprometería la soberanía nacional, la independencia del Estado y su capacidad de decisión autónoma.

En este contexto, la seguridad electoral no puede seguir siendo tratada como un asunto meramente administrativo ni reducido a la organización técnica de unos comicios. Lo que verdaderamente está en juego es la definición del modelo de gobierno, la orientación estratégica del Estado y el futuro político, económico y social que regirá a la patria durante las próximas décadas. Por ello, su protección debe asumirse con el más alto nivel de responsabilidad y bajo una lógica de seguridad nacional. Ningún Estado serio deja desprotegidos los espacios donde se decide su continuidad histórica. Así como las naciones resguardan sus fronteras, protegen sus recursos estratégicos y despliegan sistemas de inteligencia para identificar las capacidades, intenciones y operaciones de actores adversarios, también desarrollan estructuras de contrainteligencia destinadas a detectar, neutralizar y prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje, manipulación interna, corrupción de funcionarios, robo de información sensible y operaciones de influencia destinadas a debilitar al Estado desde dentro. Asimismo, es indispensable fortalecer los mecanismos de integridad institucional, prevención de infiltración, verificación de confianza de funcionarios estratégicos y sistemas de alerta temprana frente a operaciones de influencia maliciosa Resulta, por tanto, incoherente que el sistema electoral del cual emana la legitimidad misma del poder político no reciba un nivel de protección equivalente. El sistema electoral debe ser entendido como un componente central de la seguridad nacional y como un Activo Crítico de la Nación. Su defensa no puede depender únicamente de procedimientos burocráticos o controles formales, sino que debe integrarse plenamente a una arquitectura estratégica de protección del Estado, con capacidades permanentes de contrainteligencia, ciberseguridad avanzada, auditorías continuas, monitoreo de amenazas, trazabilidad tecnológica y control estricto del personal con acceso a funciones sensibles. Porque cuando un Estado pierde el control o la credibilidad sobre sus procesos electorales, no solo se debilita un gobierno: se compromete la soberanía misma de la nación.

La democracia no siempre es destruida mediante la violencia abierta o los golpes visibles. Con frecuencia, es erosionada silenciosamente desde dentro, cuando las instituciones son infiltradas, manipuladas o subordinadas a intereses ajenos a la nación. Permitir que el sistema electoral permanezca vulnerable significa poner en riesgo la soberanía del Perú, quebrantar la legitimidad del Estado y amenazar el derecho irrenunciable de los peruanos a decidir libremente su destino. Defender y fortalecer el sistema electoral no constituye únicamente una tarea técnica o administrativa: es un deber nacional y una condición indispensable para preservar la soberanía, la estabilidad institucional y la continuidad histórica del Estado peruano, así como el derecho de las futuras generaciones a construir, por sí mismas, su propio futuro.

(*) Ingeniero Ambiental, Máster en Ingeniería Ambiental de la Empresa, Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Maestro en Inteligencia Estratégica del CAEN, graduado en el 1.er puesto de la VI Maestría en Inteligencia Estratégica. Lima, Perú