El Perú tiene un déficit aproximado de 2 millones de viviendas, es decir 2 millones de familias viven en espacios alquilados, o prefabricados muy precarios sin servicios básicos o incluso quizá para peor no cuenten ni con una estera o triplay que los proteja. Para atender esta problemática el Estado promulgó la ley 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible/Vivienda de interés social.
Pero como es un deporte nacional el “hecha la ley, hecha la trampa”, las inmobiliarias rápidamente con un espíritu “altruista y benefactor” hicieron sus trámites para la realización de sus proyectos de construcción. El primer signo de alarma de la desvirtualización de la norma fue que se concentraron en distritos de Lima centro ya urbanizados, consolidados e incluso con espacios reducidos y determinados (mediana de 15km2) como San Borja, Miraflores, Pueblo Libre, Magdalena, Surco, entre otros, en donde no habría déficit de viviendas ni necesidad para estos tipos de edificios de más de 20 pisos y que por el contrario generan caos porque colapsan el tráfico vehicular, las calles se vuelven cocheras, la presión del agua disminuye, se afecta el alcantarillado y demás.
El segundo signo de alarma ha sido que el costo de dichas viviendas es cualquier cosa menos social toda vez que superan los 300 ó 400 mil dólares como mínimo. Entonces, ¿qué ciudadano de condición humilde con sueldo básico (que tendría que ser el principal beneficiario y para quien estaba pensada la ley), podría cubrir ese costo?; nadie. Lo que vemos aquí al parecer es que hay un aprovechamiento normativo malicioso para engrosar la billetera de las asociaciones inmobiliarias y sus miembros, así como la oportunidad soñada de algunas autoridades corruptas para repartir licencias municipales como naipes.
Sin embargo, en este contexto, hay alcaldes como Canales, Bruce, Álvarez, Allison, Tello que han salido en defensa de la residencialidad de sus vecinos paralizando construcciones dantescas que atentan contra el paisaje urbanístico y calidad de vida en todas las líneas. Se han puesto firmes y han dicho no. Más aun teniendo una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°04-2021-CC/TC en donde se determina que la zonificación y el planeamiento urbano son competencias exclusivas de las municipalidades conforme a su autonomía legal e inalienable.
Inmediatamente el poder económico detrás de las mafias inmobiliarias de viviendas de interés social ha salido a hacerles una campaña de desprestigio en diversos medios acusándolos de abusivos, de incapaces o hasta intentar impulsar seudo revocatorias para amilanarlos, cosa que no lo han logrado ya que en dichos distritos se vienen haciendo buenas gestiones pues son considerados dentro de los más seguros, limpios y con mejores áreas verdes y por ende cuentan con el respaldo mayoritario del vecino.
Si las inmobiliarias quieren construir, que lleven sus proyectos a las periferias de Lima y al interior del país, ahí es donde hay déficit de viviendas de interés social y se necesita infraestructura, ahí es donde urge el desarrollo, ahí es donde deben aplicar la Ley N°31313 de Desarrollo Urbano Sostenible.
