Imaginemos un mundo donde las calles, escuelas y espacios públicos sean inaccesibles para las personas con discapacidad (PCD). Esa es la realidad que enfrentan diariamente las PCD, y la reciente propuesta de presupuesto solo agravará su situación.
«Como bien dijo una activista: La inclusión no es un favor, es un derecho. Sin embargo, el Proyecto de Ley 8758/2024-PE, pone en jaque este principio fundamental al reducir drásticamente el presupuesto destinado a garantizar la accesibilidad.»
Problemas actuales de la ley de discapacidad en el Perú
- Falta de implementación efectiva: Aunque existen normativas vigentes, su aplicación en la práctica es limitada.
- Accesibilidad: Las infraestructuras públicas y privadas aún presentan barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de las PCD.
- Educación inclusiva: A pesar de que la ley promueve la inclusión en el sistema educativo, muchas escuelas no están preparadas para recibir a estudiantes con discapacidades, lo que genera discriminación y segregación.
- Discriminación laboral: Las PCD, enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral debido a prejuicios y falta de adaptaciones razonables en los lugares de trabajo.
- Falta de sensibilización: Existe una escasa concienciación social sobre los derechos de las PCD, lo que perpetúa estigmas y actitudes discriminatorias.
- Recursos limitados: Las instituciones encargadas de implementar políticas de discapacidad a menudo carecen de los recursos financieros y humanos.
- Acceso a servicios de salud: Las PCD a veces enfrentan barreras para acceder a servicios de salud adecuados, lo que afecta su bienestar general.
- Participación en la vida pública: La inclusión de PCD en la toma de decisiones políticas y en la vida pública es insuficiente.
Hoy me ocuparé del problema número 6, Recursos Limitados, según el Proyecto de Ley 8758/2024-PE (Presupuesto para el 2025), que propone reducir el presupuesto destinado a las PCD, se observa una clara marginalización de este grupo. La disminución del presupuesto del 1% al 0.25% para las municipalidades y del 1% al 0.10% para los gobiernos regionales es una medida que resulta discriminatoria y contraria a los principios de inclusión y equidad.
Este recorte presupuestal no solo limita la capacidad de las municipalidades y gobiernos regionales para implementar políticas efectivas de accesibilidad universal, sino que también afecta directamente a la calidad de vida de las PCD. La reducción de recursos destinados a la accesibilidad y a gastos corrientes necesarios para su inclusión social significa un retroceso en los avances logrados hasta ahora en la lucha por sus derechos.
Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a todos los congresistas para que reconsideren esta propuesta perjudicial. Es fundamental que se incida en el debate legislativo, exigiendo un incremento y/o la restitución del presupuesto al 1% para la accesibilidad universal en cada jurisdicción.
Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos asegurar que se mantenga un presupuesto adecuado que respete y promueva la inclusión, permitiendo así que todos, sin excepción, tengan acceso a una vida plena y digna. ¡¡Adelante!!
(*) Expresidente de la República
