La inseguridad en Perú, especialmente en Lima y Callao, ha alcanzado niveles alarmantes, con un 94% de la población sintiéndose insegura. Un 50% reporta que ellos o sus familias han sido víctimas de delitos en los últimos tres meses. La desconfianza en el sistema judicial es palpable, con un 87% de los ciudadanos sin fe en los jueces y un 86% en los fiscales. La percepción general es que la presidenta Dina Boluarte no cuenta con una estrategia efectiva para combatir el crimen, y un 86% de la población cree que el gobierno no tiene un plan que garantice la seguridad de 34 millones de peruanos.
Desde 2022 hasta 2024, los robos a negocios han aumentado un 225% y las extorsiones han crecido en un 50%, generando pérdidas económicas anuales de S/.30,000 millones. Además, la cifra negra de delitos no denunciados puede ser aún mayor, ya que las denuncias de extorsión han crecido de 11,224 en 2022 a 17,246 en 2023, con proyecciones de aumento continuo en 2024. Los ciudadanos viven atemorizados constantemente, donde salir a la calle se percibe como un riesgo, reflejando una crisis de seguridad que permea sus vidas diarias.
La lucha contra la criminalidad, especialmente la extorsión, requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del problema, y no solo una discusión superficial sobre el tema. La inseguridad genera pérdidas que equivalen al 2.8% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
El marco legal actual ha demostrado ser insuficiente para enfrentar la creciente ola de extorsiones, que ha prosperado en parte debido a vacíos legales y la falta de un enfoque unificado que integre todas las instituciones involucradas en el proceso judicial. La política criminal ha estado enfocada en delitos como la corrupción y el lavado de activos, mientras que la extorsión, un delito más fragmentado y difícil de rastrear, ha recibido escasa atención.
Actualmente, el país enfrenta una de sus mayores crisis de inseguridad, atribuida no solo a la presencia de crimen organizado, sino a la fusión de economías criminales, un gobierno desorientado y un Congreso que a menudo legisla en favor de estructuras criminales. Las recientes reformas legales han debilitado la capacidad de investigar crímenes como extorsiones y robos agravados bajo el paraguas de criminalidad organizada, lo que podría agravar aún más la situación.
Se prevé que la ola de delincuencia aumente en los próximos meses, generando más zozobra tanto en la ciudadanía como en las grandes inversiones, lo que afectará negativamente la economía del país. La situación exige una respuesta más efectiva y coordinada para asegurar la tranquilidad y la seguridad del país.
Las reformas legales son esenciales para crear un marco más robusto que permita a las autoridades combatir eficazmente el crimen organizado y la inseguridad en el país. Una legislación clara y actualizada, junto con un sistema judicial fortalecido, puede contribuir significativamente a la restauración de la confianza pública en las instituciones y a la mejora de la seguridad ciudadana. ¡Adelante!
(*) Expresidente de la República
