Función pública tiene como propósito sustancial y predominante, el servicio a los demás; y, procurar siempre, lo mejor para el país. El parecer, los intereses personales o de allegados del que ejerce la función pública, son totalmente extraños, ajenos y contrarios al cargo mismo; obviamente, al que lo personaliza.
Evidentemente, los límites de su accionar, como funcionario público, es el ordenamiento jurídico nacional vigente, la Carta Magna, Tratados Internacionales, las leyes, reglamentos, entre otros. Ejerce, también, sus responsabilidades, con decoro, austeridad, sobriedad, razonabilidad, transparencia, buena fe y honradez; en razón, a que representa a la nación; más aún, cuando directa o indirectamente administra en nombre de sus compatriotas, la cosa pública.
En el caso, de las más altas autoridades, los atributos antes expuestos, se tornan más exigibles; su esfera privada, se empequeñece para no menoscabar la imagen pública que la función demanda.
En este orden de cosas, lo que determinó el Congreso de la República el día 09.11.2020 con la declaración de vacancia de la Presidencia de la República de Martin Vizcarra por incapacidad moral; en razón, de los actos de corrupción en la entrega ilegal de la buena pro de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua durante su mandato como Presidente Regional de Moquegua; ha hecho «reivindicar el honor y la honra de los 105 congresistas» que respaldaron su destitución, a través de la reciente decisión judicial de Prisión Preventiva emitida contra el ex Jefe de Estado, por los mismos hechos evaluados por el Parlamento, hace 05 años atrás.
Esta posición judicial momentánea sobre la privación de su libertad, mientras que se dicte la sentencia, que apunta, casi unánime, por los entendidos y especialistas, dadas las colaboraciones eficaces y un sin número de pruebas de cargo, sería de carácter condenatorio.
Esto demuestra indudable y categóricamente que los parlamentarios que apoyaron la vacancia, no se equivocaron, ni mucho menos urdieron un Golpe de Estado, ni ninguna repartija de poder, como maquinariamente difundieron sus socios, allegados y ayayeros del ex Jefe de Estado, con el contubernio de la mayoría de medios de comunicación que tildaron de usurpadores al nuevo gobierno y al gabinete ministerial Flores Araoz; desperdigando la alteración de la tranquilidad pública, enfrentamientos con la policía, daños a la propiedad pública y privada, el cierre de comercios y adeptos violentos; hechos que fueron constante y sistemáticamente azuzados por la prensa y sus comunicadores.
A pesar, que la sucesión se realizó, constitucionalmente, que relevado el mandatario vacado, asumía la Presidencia de la República, el Presidente del Congreso, formando su propio gabinete ministerial, ambos tuvieron que renunciar el 15.11.2020; en razón a los desmanes, vilezas, felonías y tropelías.
Un suceso que es necesario acentuar, es que el fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, fue captado televisivamente, escondiendo su rostro con la capucha de su polera, lanzando ladrillos contra las fuerzas del orden, como si fuera un vulgar «piraña» o «pájaro frutero»….. ¡Adelante!
(*) Expresidente Constitucional de la República
