«Todo tiene su final, nada dura para siempre». Esta conocida frase de la salsa de los años 70, interpretada por Héctor Lavoe y Willie Colón, parece escrita para el momento político que hoy vive el Perú. El tiempo, una vez más, ha puesto las cosas en su lugar: La reciente condena a 14 años de prisión contra el ex jefe de Estado Martín Alberto Vizcarra Cornejo confirma, de manera contundente, que su vacancia presidencial en noviembre de 2020 fue legítima, legal y justa.

La sentencia, dictada por haber recibido sobornos de contratistas cuando era presidente regional de Moquegua, y su inmediato traslado al penal de Barbadillo, no solo sancionan un hecho delictivo; también reivindican la decisión que, el 9 de noviembre de 2020, tomó el Congreso de la República al declarar la vacancia de la Presidencia por incapacidad moral. Hoy queda claro que los 105 congresistas que respaldaron esa medida no se dejaron llevar por un capricho político ni urdieron un Golpe de Estado civil, como se repitió machaconamente entonces, sino que actuaron frente a graves indicios de corrupción que ahora la justicia ha confirmado.

Sin embargo, aquella sucesión constitucional fue atacada con dureza, sectores políticos afines a Vizcarra, sus socios, allegados y seguidores, con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación, construyeron el relato de que el nuevo gobierno y el gabinete presidido por Ántero Flores Aráoz Esparza eran “usurpadores” movidos por una supuesta “angurria de poder” y por una repartija entre grupos interesados. Desde la prensa y las redes sociales se azuzaron protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, daños a la propiedad pública y privada, cierre de comercios y un clima de violencia y zozobra que terminó forzando la renuncia del presidente Manuel Merino De Lama y de su gabinete el 15 de noviembre de 2020, pese a que la sucesión se había realizado siguiendo al pie de la letra el procedimiento constitucional.

Un episodio que simboliza ese clima fue la participación del fundador del Partido Morado, Julio Guzmán Cárdenas, captado en televisión encapuchado, lanzando objetos contra las fuerzas del orden, comportándose como un agitador más y no como un líder político responsable. Paradójicamente, tras la caída del gobierno de Merino, el Congreso eligió como presidente del Parlamento y por tanto nuevo jefe de Estado a Francisco Sagasti Hochhausler, vocero de la bancada morada y subalterno político de Guzmán, cuyo partido había votado en bloque contra la vacancia de Vizcarra por considerarla apresurada e inconstitucional.

La llegada de Sagasti al sillón de Pizarro reveló la enorme incoherencia del Partido Morado: Quienes denunciaban un gobierno “impostor” terminaron ejerciendo el poder sin plantear la restitución de Vizcarra, al que decían defender. La historia, con la condena del exmandatario, deja al descubierto aquellas contradicciones y pone en evidencia una ética política elástica, cuando no abiertamente oportunista ¡Adelante!

(*) Expresidente Constitucional de la República.