En un país con múltiples necesidades sociales, ¿cómo se justifica una inversión cercana a los US$ 7000 millones para renovar la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)? ¿Existe un plan estratégico eficiente que respalde esta decisión y el capital humano necesario para sostenerla en el tiempo?

En los últimos meses se ha informado que Perú estaría negociando la adquisición de nuevos aviones de combate para rearmar su fuerza aérea. A la fecha, la operación no ha sido confirmada oficialmente, y ese detalle es clave. Más allá del modelo o del proveedor, el debate debería ir más allá: no se trata solo de comprar aeronaves, sino de evaluar si el país cuenta con la capacidad institucional, operativa y humana para justificar una inversión de esta magnitud.

A este escenario se suma un elemento inevitable en el contexto peruano: la desconfianza. No por la naturaleza de la compra en sí, sino por un historial de adquisiciones estratégicas cuestionadas, procesos poco transparentes y una relación frágil entre defensa, política y opinión pública. En ese marco, cualquier anuncio, filtración o negociación incompleta despierta sospechas incluso antes de que existan documentos oficiales que respalden una decisión.

 

¿Qué se está negociando realmente?

Aunque aún no existe un contrato firmado, reportes especializados señalan al Lockheed Martin F-16V Block 70 como la opción que habría ganado mayor tracción para reemplazar parte de la flota actual. El paquete, que podría incluir hasta 24 aeronaves, se estima en alrededor de US$ 7.000 millones. De acuerdo con estos reportes, una decisión formal, incluida la firma contractual, se llevaría a cabo después de las elecciones generales de abril de 2026.

En paralelo, el Estado peruano aprobó recientemente una operación de endeudamiento interno por S/ 7580 millones, destinada a financiar proyectos de modernización dentro del sector Defensa, incluidos aquellos vinculados a la Fuerza Aérea. El objetivo declarado es avanzar en el reemplazo de flotas envejecidas como los Mirage 2000 y MiG-29, aunque los detalles técnicos, el cronograma y los alcances finales del proyecto aún no han sido definidos públicamente.

Este enfoque contrasta con el proceso observado en 2025, cuando se evaluaron opciones provenientes de Suecia y Francia, antes de que las conversaciones actuales se inclinaran hacia el F-16V como principal candidato dentro del programa de modernización.

 

La flota actual y por qué se habla de modernización

Hoy, la Fuerza Aérea del Perú opera aeronaves que han superado con holgura su vida útil tecnológica. Su flota incluye Mirage 2000P/DP, MiG-29 y algunas unidades de Kfir, muchos de ellos con casi cuatro décadas de servicio. Esta antigüedad limita la capacidad de respuesta frente a posibles amenazas y vuelve a la institución dependiente de repuestos escasos y mantenimiento altamente especializado.

La modernización, por tanto, no responde a un capricho político, sino a una necesidad técnica. Sin embargo, cambiar aviones sin una planificación integral no resuelve el problema. Sin entrenamiento, logística, repuestos e infraestructura adecuados, la inversión corre el riesgo de quedarse en el plano simbólico.

 

Capital humano: piloto sí, pero ¿y el resto?

La FAP cuenta con pilotos profesionales y bien entrenados, un activo clave. Pero una flota moderna exige mucho más que buenos pilotos: requiere técnicos especializados, simuladores avanzados, centros de mantenimiento, cadenas logísticas eficientes y programas de formación continua.

Cuando estos elementos fallan, las repercusiones son graves. El accidente de la piloto Ashley Vargas, con denuncias sobre una posible avería en el sistema de eyección del avión KT-1P y problemas en los dispositivos de localización, puso en evidencia la fragilidad de ciertos componentes del sistema. Esto no solo afecta a la seguridad inmediata de la tripulación, sino que también pone de manifiesto las limitaciones en materia de mantenimiento, formación del personal y disponibilidad de repuestos críticos. Más allá del caso concreto, este episodio vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿está la infraestructura de la FAP preparada para llevar a cabo operaciones complejas con estándares modernos de seguridad y garantizar que las inversiones millonarias en nuevas aeronaves se traduzcan en capacidades reales y fiables?

 

Estrategia y geopolítica: ¿hay un plan maestro?

Comprar aviones sin integrar una estrategia, entrenamiento e infraestructura de largo plazo es, en el mejor de los casos, una solución parcial; en el peor, un gasto sin impacto real. En el Perú, además, la desconfianza hacia las grandes compras militares no es nueva. La transparencia prometida por el Gobierno es un punto de partida necesario, pero no reemplaza la falta de un plan estratégico claro, público y coherente.

En el plano regional, la modernización de la Fuerza Aérea no es solo una decisión técnica. También proyecta disuasión, define alianzas y envía señales políticas. Estados Unidos ha reiterado en los últimos años que considera al Perú un socio estratégico para la estabilidad regional, mientras otras potencias buscan ampliar su influencia en América Latina mediante cooperación militar, inversión y transferencia tecnológica.

En términos absolutos, el gasto en defensa peruano aumentó alrededor de un 2,8 % en 2025 respecto al año anterior. Sin embargo, en relación con el tamaño de su economía, el país mantiene un perfil contenido. Según el FMI, el producto interior bruto nominal de Perú alcanzó US$ 318 480 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 2,9 % respecto a 2024. Esto sitúa el gasto en defensa en torno al 1,1 % del PIB, un nivel moderado en comparación con otros países de la región.

Esta proporción es inferior a la de países como Chile o Colombia. Incluso con los recientes aumentos, el peso de la defensa en la economía peruana sigue siendo limitado.

En términos absolutos, el país destinó hasta el año pasado alrededor de US$ 3 400 millones anuales a defensa. Se trata de una cifra elevada en la región, pero está lejos de los niveles de Brasil, Paraguay o Colombia. La comparación nos lleva a una conclusión incómoda, pero necesaria: el debate no es si Perú gasta demasiado en defensa, sino si gasta bien, con una estrategia que justifique inversiones excepcionales en un país donde las urgencias sociales siguen siendo profundas. La discusión no es solo técnica o presupuestaria, sino que también refleja cómo los futuros líderes plantean sus prioridades estratégicas. Evaluar estas decisiones desde la perspectiva de la política y la seguridad nacional permite determinar si las inversiones previstas están alineadas con un plan coherente o si son más simbólicas que efectivas.