En las últimas semanas hemos visto cómo se han desarrollado una serie de cuestionamientos a la idoneidad del personal que trabaja en el Congreso de la República, a raíz del asesinato de una ex trabajadora que presuntamente habría formado parte de una red de prostitución, pero más allá de esta grave denuncia que ameritó la intervención de la Fiscalía en las oficinas de la Jefatura legal y constitucional del Congreso de la República, estaría la presunta repartija de puestos y cargos asignados por los partidos políticos, según su cuota de poder al interior del poder legislativo.
Si bien hay un perfil de puestos, vemos que esto no ha sido suficiente para hacer un filtro adecuado de las contrataciones del personal competente y probo, que se requiere en una institución que se supone que ejerce el poder representativo del pueblo, un pueblo que votó por los congresistas otorgándoles su confianza y esperanza, pero que hoy no se siente representado por legisladores que en muchos casos prometieron en campaña, más de lo que podían cumplir o se comprometieron a efectuar gestiones que no se enmarcaban dentro de sus funciones constitucionales, lo que se traduce actualmente en los bajos niveles de aprobación del Congreso de la República. Ello se debe en gran medida, al comportamiento antiético de ciertos congresistas mocha sueldos y debido a otras perlas, que hemos ido conociendo todos a través de los medios de prensa y también por la contratación de personal que llega al Congreso de la República, por disposición de esos congresistas que haciendo valer su cuota de poder, cumplen con favores políticos de campaña y disposiciones partidarias que están muy lejos de la pretendida “meritocracia”, reclamada por el actual Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Congreso (SITRACON): Tulio Vizcarra, quien “sugirió” al nuevo Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso: Dr. Angel Delgado Silva, que: “reevalúe su posición de reestructurar” dicha oficina, afirmando que serán dejadas de lado: la meritocracia y las competencias del personal de planta que labora en su oficina, lo que demuestra exactamente lo contrario de aquello que pretende defender, ya que le corresponde al nuevo jefe de dicha oficina, tomar la decisión de contar con el personal más capacitado e idóneo para la importante tarea de implementar una oficina que cumpla a cabalidad, con integridad, ética y profesionalismo, las labores legales y constitucionales que le fueron asignadas, de acuerdo al Manual y al Reglamento de Organización y Funciones del Congreso de la República.
Nos cuestionamos entonces: ¿qué es lo que primará esta vez en el Congreso?: la verdadera meritocracia o la repartija de puestos según las cuotas de poder, en un Congreso deslegitimado, con un líder sindical representativo del personal “de planta”, que se resiste al cambio y que en lugar de mostrar su disposición de apoyar a la nueva gestión, parece enfocado en ponerle zancadillas y trabas, en nombre de la supuesta “meritocracia”. Asimismo, en cuanto a las cuotas de poder, un personaje que se descarriló del tren pro familia, también hace lo suyo para intentar frustrar los intentos de implementar una gestión transparente y digna, que sea coherente con la institucionalidad democrática que requiere tener un Congreso de la República, cuya imagen traslucida aspira a lavarse la cara, enmendando la plana con la reciente designación del nuevo Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. ¿Meritocracia o repartija con cuotas de poder?: por los frutos se les conocerá.
