Por: Martha Moyano
Debido al proceso migratorio desde el interior del país hacia la capital, producto de la hiperinflación y el terrorismo, Lima albergó la esperanza de miles de peruanos que necesitados de un lugar donde vivir, tomaron la decisión de ocupar zonas aparentemente planificadas por los municipios para otros usos, pero en estado de abandono no declarados así formalmente pero si en la práctica , estos espacios se convirtieron en grandes Asentamientos Humanos y con ello las demandas de saneamiento físico legal, y sus necesidades básicas como luz, agua, desague, colegios, postas y mercados.
Mas o menos cinco millones de viviendas a nivel nacional esperan desde hace más de 15 años que el estado, a través de sus instancias resuelvan y respondan a las demandas de formalización.
Resulta increíble saber que las municipalidades dejan pasar años para resolver solicitudes de desafectación, de cambio de zonificación o de uso de suelo, los planos de reajuste de zonificación que se aprueban en los municipios en muchos de los casos invisibilizan las posesiones, pero más increíble es ver la perseverancia y la constancia de los vecinos y sus dirigentes para lograr la ansiada formalización, aunque eso signifique frustraciones constantes.
El concepto Estado bienestar se basa en el ejercicio de la función publica para reducir las desigualdades económicas y sociales, pues entonces dentro de este concepto es quien debe resolver bajo el principio subsidiario la formalización y el acceso a una vivienda digna, pero lamentablemente esa burocracia se ha convertido en la enemiga de estos procesos.
Muchos critican las posesiones que se producen por tomas de terrenos del estado, pero no se dice nada de la falta de planes de desarrollo urbano, que bien podría resolver estos conflictos generados; no se trata que el estado construya las viviendas se trata de adecuar el territorio para garantizar la sanidad, la seguridad y la estabilidad de las familias y con ello la generación de un mercado que tiene relación con el acondicionamiento territorial, donde participan las empresas estatales y privadas, de agua, luz y gas, se amplía el aporte tributario y se empodera a las familias con un título de propiedad.
Existe una ineficiente organización gubernamental, no hay una atención integral y coordinada al menos entre las instancias a cargo, que hace que el proceso sea engorroso; son los dirigentes vecinales que viven cada día bajo la frustración de ser peloteados, no escuchados y ninguneados por los agentes del estado.
Estamos en tiempos difíciles, la pandemia ha desnudado las incapacidades, la crisis obliga a reinventarse, los mensajes presidenciales exigen lavarse las manos y confinarse en sus casas; pero la pregunta es: como, como se lavan las manos los que no tienen agua, como se quedan es sus casas los que no tienen la seguridad del techo.
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