Constituir el Estado, poner límites al poder y organizarlo, garantizando la dignidad y derechos de las personas, es la función de una constitución.
En un análisis a la carta magna vigente en el Perú, realizado en un evento de jóvenes estudiantes de derecho, el doctor Carlos Hakansson señaló que: “aun cuando la Constitución de 1993 no tiene legitimidad de origen, debe quedar claro que sí cuenta con una legitimidad de ejercicio y, más aún, no se puede dejar de reconocer que ha tenido méritos”.
Si quieren pueden concordar con la parte de “no tiene legitimidad de origen” que desde mi punto de vista es una oposición a los creadores de entonces, no importa.
Lo que importa es que esta constitución sentó las bases para el desarrollo y la modernidad, acompañado de justicia y dignidad, basados en los principios de la defensa de la vida, bienestar y libertad.
Bajo su manto ha conducido cinco gobiernos constitucionales y ha ayudado a resolver crisis políticas, solo los serios constitucionalistas lo pueden aseverar.
Ante la pregunta: ¿que se quiere cambiar? los opositores ideológicos de la constitución de 1993, responden… todo.
En plena campaña electoral los candidatos hablan del desarrollo, de salud, educación, vivienda, agua, construcción, etc., sin darse cuenta que esta constitución sentó también las bases de la planificación.
De esa carta magna me ocuparé de un solo acápite, el RENIEC (art. 177 y 183 de constitución). Este no solo es un registro de estado civil que se centraliza paulatinamente, sino un instrumento de información potente que los gobiernos ni los candidatos han terminado de entender.
Antes de su creación existía la informalidad del registro, y clandestinidad del estado civil, dependiendo del lugar donde el individuo deseaba, incluso alterando fechas, lugares y nombres; eso, con la modernidad planteada por la constitución cambió.
Si en un distrito se registra al nacido tres mil, el gobierno sabrá que durante cinco años tendrá la intervención producto de la planificación que nació de la información registral, para desarrollar políticas públicas en salud, educación, nutrición de tres mil niños de esa ciudad, incluso el desarrollo económico deparando el futuro digno.
El registro, como instrumento, puede y debe contribuir también a la identificación de los violadores del orden, agilizar procesos judiciales de filiación paternal, de alimentos, incluyendo la persecución del delito aplicado a un individuo; y mejor aún, la posibilidad de salvar vidas.
Entonces, cuando digan «hay que cambiar la constitución», dense al menos una vuelta por aquellas letras que lo explican todo, léanla profundamente entre líneas, interpreten y reflexionen que una constitución no se cambia al antojo ideológico, o al menos digan que parte de aquella carta magna que nos trajo modernidad, paz y desarrollo, quieren reformar y, o peor aún, desechar, con la frase «cambiarlo todo».
La constitución “es política porque busca limitar el ejercicio del poder, pero también es jurídica porque la frena a través del derecho” y se le respeta.
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