Nuestra industria textil, básicamente la que opera en el emporio de Gamarra, vive sus momentos más difíciles. Al hecho de competir en forma desleal contra la importación de ropa china – que llega al Perú subvaluada y prácticamente a precio huevo – se suma el hecho de haber perdido durante la pandemia más de 5 mil millones de soles y alrededor de 150 mil empleos.
Según sus principales dirigentes, cada día que no trabaja – como en esta Semana Santa – el emporio pierde unos 31 millones de soles, sin contar que muchos empleados trabajan por horas y no percibirán ingreso alguno en estos cuatro días de “mini cuarentena”. A criterio del economista Jorge Gonzáles Izquierdo, las ventas de Gamarra representan alrededor del 1% del PBI peruano, una cantidad muy apreciable para nuestra economía. No es moco de pavo.
Por ello nos llama la atención que este gobierno “de transición” no haga nada por poner salvaguardas a los productos chinos que llegan a través de un puñado de importadores que obtienen pingües ganancias en detrimento de la industria nacional. El pasado 20 de febrero, la Comisión Multisectorial del Ejecutivo les dio la espalda a cerca de 100 mil mypes textiles, al no aplicar salvaguardas provisionales sobre las importaciones de confecciones provenientes de China y Bangladesh, pese a que el Indecopi recomendó aplicarlas de manera temporal ya que son una amenaza para la industria nacional.
¿Dónde se venden estas prendas? En los diversas ratails que existen a lo largo y ancho del país, principalmente los grandes almacenes de origen chileno. También estas prendas importadas se ofertan para el sector C-D de la población en las galerías comerciales de la avenida Grau sin que exista control alguno por parte la SUNAT.
Pese a la recomendación de Indecopi, este gobierno que dice defender a los peruanos, se negó a poner las salvaguardas aduciendo que “no se permite acreditar, incluso en tiempos del COVID-19, la existencia de pruebas claras de la relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave o amenaza sobre la rama de producción nacional’’.
Pero ¿cómo que “no se permite acreditar”? Si el 85% del mercado textil está tomado por este puñado de importadores en perjuicio de 95 mil empresas textiles que sólo representan el 15% restante. No lo entendemos. ¿Por qué ese afán de proteger a estos importadores y no a la industria nacional? Evidentemente hay grandes intereses y enormes negociados en este asunto que deberá investigarse con mucho detenimiento. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
